Luego del pedido al gobierno para que establezca la emergencia alimentaria y nutricional, dada “la grave situación social que atraviesan los ciudadanos de nuestro país sumergidos en la pobreza e indigencia”, la CGT fue convocada a reunirse con el ministro de Producción y Trabajo Dante Sica, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el 9 de septiembre, para “viabilizar” los reclamos, de los que también se hicieron eco las CTA y organizaciones sociales, la Iglesia y partidos políticos.
El encuentro se da poco después del fallido acuerdo entre la CGT y el gobierno en el Consejo del Salario Mínimo. Mientras la CGT pedía equipararlo con el costo de la canasta básica, el gobierno distante con el reclamo lo dictó por laudo, en tres cuotas, y es casi la mitad de lo reclamado por la central obrera.
En la carta que la CGT le envió el 4 de septiembre al presidente Mauricio Macri solicitando la urgente declaración de la emergencia alimentaria y nutricional, los firmantes secretarios generales Héctor Daer y Carlos Acuña expusieron que “la caída de los ingresos laborales y sociales de los trabajadores ocupados, desocupados, jubilados y beneficiarios de planes sociales, por efecto de la inflación y la devaluación de nuestra moneda, registra en la actualidad una pérdida sin demasiados antecedentes en nuestra historia reciente”. Asimismo, remarcaron que “la situación de calle en la que han caído muchos compatriotas, las dificultades para alcanzar niveles de alimentación básica y nutricional de millones de niños y adultos mayores hoy se expresa con severidad y dramatismo”.
En la misiva, además, la central obrera le recordó que “es obligación primaria, indelegable y constitutiva de todo Estado, el garantizar la alimentación y nutrición adecuadas a toda la población”, y que “la crisis económica que ha estallado en las últimas semanas no ha hecho más que agudizar la grave situación social que venimos padeciendo”. En ese aspecto, le pidieron también que convoque “a todos los actores sociales con responsabilidad, probada experiencia e infraestructura disponible, a coordinar acciones en forma conjunta para atacar el flagelo social del hambre”.
Sin embargo, aún antes de ser llamados a la reunión con los funcionarios el 9 de septiembre, era un secreto a voces que el gobierno no saldría a declarar una emergencia alimentaria por motus propio, amparándose en que en 2017 ya se formuló la emergencia social y se destinaron recursos para ello. Lo cierto es que esos recursos, con que quisieron apagar el fuego social en aquel momento, hoy son como una curita para una cirugía de alta complejidad, dado que la crisis económica que se viene profundizando desde el año pasado ha llegado a niveles impensados en los últimos meses.
Tal es así que en la reunión del Consejo del Salario Mínimo realizada el 30 de agosto la CGT evaluó que no podía pedir menos que los $31.934 que equivale al costo de la canasta básica. Pero la respuesta del gobierno, sin interés por discutir montos, fue directamente decretar un salario mínimo de $16875, a todas luces insuficiente para paliar el hambre.
