«El Gobierno no va a condicionar al Movimiento Obrero Organizado», advirtió la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) al Poder Ejecutivo que preside Javier Milei, ante el requerimiento a distintos entidades gremiales y sociales, entre las que se encuentran un conjunto de organizaciones afiliadas, del pago de multas millonarias intimidatorias en reintegro de los supuestos costos en los que habría incurrido el Estado Nacional por el operativo de seguridad en las adyacencias del Palacio de Tribunales, por la marcha convocada por la CGT, CTA y movimientos sociales el 27 de diciembre en rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 de desregulación de la economía.
La Central Obrera nacional conducida por el Triunvirato integrado por: Héctor Daer (FATSA Sanidad), Pablo Moyano (Federación Camioneros) y Carlos Acuña (FOESGRA Estacioneros), salió «con profunda preocupación» a responder y manifestar su rechazo a esta avanzada del Gobierno Libertario, sobre la que entendió y calificó como «una nueva provocación del Poder Ejecutivo». Y agregó: «Este es un nuevo intento del gobierno de Javier Milei de acallar toda manifestación y protesta de los trabajadores y trabajadoras organizados en expresión de sus legítimos reclamos, ante la reforma laboral más regresiva en toda la historia democrática de nuestro país», indicó con énfasis.
En este marco, el secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, Gerardo Martínez, líder de la UOCRA, anticipó que la Central Obrera denunciará al Gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la intimación a los sindicatos que impulsó la ministra de seguridad Patricia Bullrich, con el propósito de que paguen sumas millonarios por una protesta. El dirigente será quien llevará a cabo la oportuna presentación en su condición de miembro del Comité de Libertad Sindical de la OIT que fuera establecido en 1951 para examinar los reclamos de empleadores y trabajadores acerca de las violaciones a la libertad sindical y de asociaciones, sin tomar en cuenta si el Estado miembro en cuestión ha ratificado esos convenios.
A través de un comunicado emitido el 11 de enero la CGTRA pone en alerta al Gobierno que asumió hace algo más de 30 días y en tiempo récord realizó una devaluación del 120% y en apenas 20 días de diciembre llevó la inflación mensual al 25,5%, guarismo negativo que no se daba desde hace 33 años, que no se dejará amedrentar y bajo ninguna vía antidemocrática logrará impedir el Paro del 24 de enero con movilización. «Esta afrenta ilegítima y contraria a la Constitución Nacional, que expone la vocación gubernamental de desconocer la libertad sindical, el derecho a huelga y de protesta ante todo intento de manifestar el rechazo y el descontento, no condicionará al movimiento obrero organizado», .
En su parte final, el pronunciamiento de la Central Obrera nacional le remarcó al Ejecutivo que, «la Confederación General del Trabajo no representa los intereses de UNA CASTA, sino los intereses del trabajadores y trabajadoras de nuestro país que, en una sociedad democrática y conforme a la Constitución Nacional, tienen el derecho a gozar de la protección de las normas, a la organización sindical, a negociar convenios colectivos y a ejercer el derecho de manifestación y de huelga», concluyó el Consejo Directivo Nacional de la CGTRA.
LA INTIMACIÓN
El Gobierno intimó a más de 20 gremios y organizaciones sociales a pagar montos que van de $40 millones a $56 millones en concepto de multas por los gastos del operativo de seguridad desplegado en las protestas del 22 y 27 de diciembre realizadas en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, contra el DNU 70/2023 establecido por el presidente Javier Milei.
Las Cartas Documento fueron enviadas por el Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich a gremios entre los que se encuentran Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOMRA), Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), CONADU Histórica, Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA), la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), entre otras entidades gremiales y sociales.
«Intimo a usted, en su carácter de apoderado del sindicato de Camioneros, al pago solidario de pesos cuarenta millones cuatrocientos diecinueve mil doscientos veintisiete con 56/100 ($40.419.227,56), en el plazo perentorio de diez (10) días hábiles de recepcionada la presente, en concepto de costos operativos que se emplearon para hacer cesar los actos ilegítimos en miras del mantenimiento del orden público», indica el texto de la misiva, que fue firmado por el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad, Martín Siracusa.
FUENTE: Comunicado CGTRA / Cable Agencia TÉLAM
FOTOGRAFÍA: Crédito NA / JUAN VARGAS
