El Secretariado Nacional de la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA) comunicó la presentación del proyecto de ley para el «sostenimiento de la actividad económica en el marco de la emergencia sanitaria pública», realizada el martes 11 de agosto por su secretario general y del SOC, el diputado nacional por el Frente de Todos Walter Correa, ante la Cámara de Diputados de la Nación.
El proyecto se orienta a sentar las bases para que sea declarada «la emergencia productiva, económica, financiera y tarifaria de las Empresas Recuperadas a cargo de las cooperativas de trabajos de servicios, cuero, gráficas y educación», como así también «su interés social y la suspensión de desalojos, acciones judiciales y cortes de servicios públicos».
Por otra parte, Correa se refirió a la presentación en la Cámara de Diputados, del proyecto de ley de Aporte Solidario y Extraordinario a las grandes riquezas, por el cual “se estima recaudar $300.000 millones, que serán destinados a comprar equipamiento de salud para atender la pandemia, apoyar a las PyMEs, urbanizar barrios populares, invertir en la producción de gas natural, entre otras iniciativas para todas y todos”. De esa forma, indicaron, “los que más tienen pueden ayudar mucho, con muy poco”.
En cuanto al proyecto de ley “para el sostenimiento de la actividad económica en la pandemia”, está en sintonía con organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), dentro de la necesidad y urgencia de aliviar la situación de aquellos grupos más desprotegidos de la economía, hoy atravesando una crisis sin precedente desatada por la pandemia.
El proyecto destaca que «resulta prioritario que en el contexto actual se ejecuten resortes urgentes de asistencia y sostenimiento de esta experiencia que resulta pieza indiscutida de la industria argentina y genera puestos de trabajo genuino en nuestro país».
Así, en el camino de fortalecimiento del mencionado sector, se proponen una serie de medidas anexas como: La declaración de «interés social» del proceso de recuperación de empresas por sus trabajadores, privilegiando los bienes necesarios para tal fin. La declaración de Emergencia del sector de Empresas Recuperadas en lo productivo, económico, financiero y tarifario, por el término de dos años y sobre todo el territorio nacional, a partir de la sanción de la presente. La suspensión de ejecución de sentencias de desalojo durante la vigencia de la Emergencia declarada. La suspensión de acciones judiciales durante la vigencia de la Emergencia declarada. La suspensión de corte de servicios públicos durante la vigencia de la Emergencia declarada.
El texto resalta en todas sus partes el rol socioeconómico fundamental de las Empresas Recuperadas en tanto son fuentes genuinas de empleo, con el propósito único de conservar las fuentes de producción y de trabajo, desarrollando a su vez actividades sociales para el conjunto de la comunidad que colaboran a evitar las consecuencias del desempleo y, por consiguiente, la pobreza.
Hablamos de un sector no menor, que se desarrolla en los más diversos rubros de la industria (metalúrgico, autopartista, calzado, cuero, alimentación, madera, plástico, carnes, entre otros), y que ha demostrado ser no sólo viable y sustentable, sino también comprometido con la sociedad.