La Unión Recibidores de Granos y Anexos de República Argentina (URGARA), que lidera Pablo Palacio, expresó su apoyo a la decisión del Gobierno nacional de intervenir la firma Vicentín. «Al tomar el Estado la intervención genera un poco de certidumbre a los trabajadores que se desenvuelven en las empresas del grupo, que estaban con dificultades para cobrar los salarios», señaló Palacio.
El sindicalista expresó que confía “en que se pueda generar un marco regulador”, y resaltó la prioridad de que “se garanticen los puestos de trabajo y que se genere la protección que necesitan esos activos para que no se transforme en incobrables para los acreedores”.
Además, insistió en la importancia de “garantizar la posibilidad de recuperar el dinero del Estado mal puesto en una empresa insolvente, que no debería estar en esa posición siendo el sexto exportador del sector”, y sostuvo que “los funcionarios que actuaron y dieron los créditos van a tener que rendir cuentas”.
Para Palacio, “Vicentín venía en un proceso sospechoso de cesación de pagos, financiándose con los bancos nacionales, enajenando sus activos e inmediatamente presentándose en convocatoria de acreedores. Todas maniobras por lo menos sospechosas”.
Asimismo, aseguró que “es el Congreso Nacional en definitiva el que va a terminar debatiendo en qué términos avala el proyecto del gobierno y remarcó que “el Estado tiene la responsabilidad de resguardar los intereses de los trabajadores y de los acreedores”.
