En un acto histórico realizado en el salón Felipe Vallese de la CGT, el secretario general de la Unión Obreros de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, en su condición de secretario de Relaciones Internacionales de la central obrera, junto al cosecretario general Héctor Daer y su par de la secretaria de Igualdad de Género Noé Ruiz, encabezaron el acto que convocó a una multitud de mujeres dirigentes y militantes de la mayoría de los gremios confederados, donde celebraron la iniciativa del gobierno nacional de enviar al Congreso un proyecto de ley para ratificar en la Argentina la vigencia del Convenio 190 contra la Violencia y el Acoso Laboral aprobado y recomendado por la Organización Internacional del Trabajo en su última Conferencia del año 2019.
Gerardo Martínez, también miembro del Consejo de Administración de la OIT, tuvo un rol protagónico en las negociaciones para la aprobación del convenio, por lo que en su exposición de apertura del acto expresó que «lograr la aprobación de este convenio no fue una tarea fácil, llevó años y, en muchos casos, contó con la férrea oposición de las representaciones empresarias y de muchos gobiernos. Sin embargo, las representaciones sindicales nunca bajamos los brazos y persistimos en la necesidad de la aprobación de esta norma necesaria e imprescindible para avanzar en la consagración de derechos equitativos e igualitarios que protegen a las mujeres en el ámbito laboral y que trascienden las cuestiones de género. Se trata de dignificar los derechos laborales de mujeres y hombres, de avanzar en derechos que consagren el trabajo digno y decente en todas sus formas”, manifestó.
Martínez destacó que «este logro tiene para la Argentina un significado que también realza la figura de nuestra compañera y líder, Eva Perón, luchadora incansable por los derechos de las trabajadoras y los trabajadores» y agregó que «celebra la iniciativa del gobierno nacional de enviar al Congreso el proyecto de ley que ratificará esta norma en nuestro país».
PREVENIR Y COMBATIR
El convenio 190 abarca y sanciona en el ámbito laboral situaciones como el abuso físico y verbal, la intimidación y el hostigamiento, el acoso sexual y las amenazas, entre otros actos. Para entrar en vigencia debe ser ratificado por el Congreso de la Nación y a partir de allí adquirirá la misma jerarquía de los tratados internacionales.
La iniciativa apunta a «adoptar una estrategia integral a fin de aplicar medidas para prevenir y combatir la violencia y el acoso» en los lugares de trabajo de «todos los sectores, público o privado, de la economía tanto formal como informal, en zonas urbanas o rurales».
Exhorta a «velar por que las víctimas tengan acceso a vías de recurso y reparación y a medidas de apoyo; prever sanciones; desarrollar herramientas y actividades de educación y de formación, y actividades de sensibilización, en forma accesible».
También recomienda «garantizar que existan medios de inspección e investigación efectivos de los casos de violencia y acoso, incluyendo a través de la inspección del trabajo o de otros organismos competentes».
