La “Marcha por la Unidad, la Producción y el Trabajo argentino” que desbordó el epicentro de la ciudad de Buenos Aires, y se replicó en varias localidades del interior país, el 4 de abril, sumó a los distintos sectores sindicales, sociales y empresariado pyme, que expresaron un rotundo no a la política económica del gobierno, que viene generando un sistemático cierre de fuentes de trabajo, despidos, tarifazos y empobrecimiento del pueblo argentino, sin precedentes.
La fecha no fue casual. En paralelo, en una sesión especial pedida por diputados de vertientes peronistas y de la oposición trataban, principalmente, el tema de lo tarifazos imparables, la eliminación del pago de ganancias para los jubilados y la declaración de la emergencia alimentaria.
Convocada por la CGT, en especial tras la difícil situación que viven los gremios industriales, junto a los sindicatos más combativos aunados en la Corriente Federal de Trabajadores y el Moyanismo -congregados en el Frente Sindical para el Modelo Nacional-, así como los integrantes de la Multisectorial 21F y de las dos CTA, organizaciones sociales y las pymes, la movilización del 4A marcó la cancha y se transformó en la antesala de un potencial paro general que podría desarrollarse en abril o mayo, salvo que existiera un viraje de la política económica, algo que a estas alturas del año, incluso siendo electoral, es poco probable que suceda
La marcha tuvo múltiples focos de partida, una parada intermedia en el Congreso, un paso por la 9 de Julio y Avenida de Mayo y algunos sectores desembocaron frente a la Casa Rosada, pero fue organizada sin escenario ni oradores, lo que remarcó la unidad en acción al evitar que nadie se adujera el bastón de mando de la movilización.
CONVERGENCIA
Con gran claridad el conjunto de sectores que se manifestaron sin miramientos expresó demandas coincidentes.
El documento presentado por la CGT convocando al 4A plasmó su reclamo por “mejores salarios, jubilaciones y planes sociales, por más producción nacional y un país que priorice el desarrollo productivo y se castigue a la especulación financiera, por un desarrollo agropecuario con valor agregado, por servicios públicos de calidad y con tarifas socialmente justas”. Previamente el cosecretario general de la central obrera, Héctor Daer, había afirmado que «la organización sindical es la única herramienta que tenemos los trabajadores para defendernos. En un contexto donde el Gobierno está del lado de los empresarios siempre, tenemos que estar más fuertes y unidos que nunca».
“No podemos dejar librado a que cada organización enfrente individualmente su conflicto, tenemos que unirnos para cambiar este modelo económico. Como Frente Sindical asumimos nuestra responsabilidad y la demanda que tiene el movimiento obrero” sintetizó el líder de la Corriente Federal de Trabajadores, Héctor Amichetti, mientras que su par Sergio Palazzo subrayó que “desde el Frente Sindical estamos planteando, además, la necesidad de un paro nacional y de un plan de lucha para que este gobierno cambie sus políticas de hambre”.
Por su parte, Pablo Moyano afirmó que «Mauricio Macri está llevando adelante un desastre económico” y por eso reclamó un paro general. “Necesitamos que paren los despidos y la inflación y el reclamo se ve reflejado en esta marcha multitudinaria», describió. Además, explicó que «el Gobierno no escucha y como el Gobierno no cambia el rumbo, nosotros no vamos a cambiar nuestra forma de defender a los trabajadores».
Similares fueron los conceptos vertidos por los referentes de las CTA Hugo Yasky y Pablo Micheli sobre los reclamos de la movilización, e insistieron en la necesidad de lanzar un paro general.
LEY DE EMERGENCIA
En el transcurso de la protesta, los sindicalistas y pequeños empresarios dejaron a los presidentes de los bloques parlamentarios de la oposición un proyecto de ley para aliviar la situación de las pymes.
La iniciativa legislativa se bautiza de “subsistencia” para las pymes y declara la “emergencia productiva, aduanera, económica, financiera y tarifaria de las micro, pequeñas y medianas empresas” por un año. Prorroga el pago de obligaciones impositivas y cargas patronales desde el 1 de noviembre de 2017, suspende los juicios de ejecución fiscal, retrotrae tarifas de servicios públicos (agua, luz y gas) y obliga al Estado a tomar medidas financieras para recomponer la capacidad productiva, entre otras.
