La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), conducida por el triunvirato integrado por Jorge Sola (Seguro), Octavio Argüello (Camioneros) y Cristian Jerónimo (SEIVARA), expresó su «rechazo categórico» al proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo que busca eliminar los límites establecidos por la legislación argentina para la venta de tierras a personas y empresas extranjeras. A través de un documento difundido por su Consejo Directivo Nacional, la central obrera advirtió que la iniciativa representa una amenaza directa para la soberanía, el desarrollo nacional y el futuro de las trabajadoras y los trabajadores.
Bajo el título «La tierra no es una mercancía: es Soberanía, Trabajo y Futuro para los argentinos y las argentinas», la CGT sostuvo que la modificación impulsada por el Gobierno abriría la puerta a una entrega sin precedentes del patrimonio nacional, favoreciendo la concentración de la riqueza y de los recursos estratégicos en manos de grandes grupos económicos internacionales.
En ese sentido, la central remarcó que la legislación vigente establece que solo el 15% del territorio nacional puede quedar en manos extranjeras, un límite que considera fundamental para preservar el interés nacional. Según expresó, eliminar esa restricción significaría entregar la soberanía a sectores que ya concentran un enorme poder económico y que buscan apropiarse de minerales estratégicos, tierras cultivables, energía, agua y otros recursos fundamentales que pertenecen al conjunto del pueblo argentino.
La CGT advirtió además que, mientras en numerosos países del mundo existen controles y restricciones para proteger el territorio y los bienes estratégicos, el Gobierno argentino impulsa una medida que avanza exactamente en sentido contrario, habilitando una transferencia de recursos de una magnitud inédita.
El documento también cuestionó que el proyecto pretenda «regalar nuestro territorio» a quienes calificó como los «nuevos vendedores de espejitos de colores», desconociendo el esfuerzo de generaciones de argentinos y argentinas que trabajaron para consolidar y defender la soberanía territorial del país.
La central sindical fue enfática al señalar que no existe promesa de inversión capaz de justificar la entrega de los recursos naturales argentinos. «No existe fortuna ni promesa de inversión que valga nuestros ríos, lagos, glaciares, tierras cultivables y recursos estratégicos», sostuvo, al tiempo que remarcó que esas riquezas pertenecen a la Nación y deben ser utilizadas para impulsar el desarrollo económico, la producción y el bienestar de toda la población, sin quedar sometidas exclusivamente a la lógica del mercado.
Como ejemplo de las consecuencias que podría generar la flexibilización de la ley, la CGT recordó el conflicto por el acceso al Lago Escondido, cuya utilización pública continúa restringida por la apropiación de hecho realizada por el empresario británico Joe Lewis. Para la organización, ese caso constituye una muestra de lo que podría multiplicarse si prospera la iniciativa oficial.
El documento también incorporó fuertes críticas a la reciente concesión por 30 años de la Vía Navegable Troncal del sistema Paraguay-Paraná a un consorcio encabezado por una empresa extranjera. Para la CGT, el Paraná no constituye únicamente una vía para exportar mercancías, sino un recurso estratégico del que dependen miles de familias, la actividad pesquera, numerosas comunidades ribereñas y un ecosistema esencial para millones de argentinos.
En ese marco, sostuvo que el río forma parte de la identidad nacional y que no puede quedar subordinado durante décadas a intereses privados ajenos al país.
La central obrera enmarcó estas decisiones dentro de un escenario internacional atravesado por la creciente disputa por la tierra, el agua, la energía y los recursos naturales. Según advirtió, lo que hoy está en juego es la capacidad del Estado argentino para preservar sus bienes estratégicos, orientar un proyecto soberano de desarrollo y evitar que las decisiones fundamentales para el futuro nacional queden condicionadas por tecnomagnates que concentran un poder superior al de muchos Estados, pero que carecen de controles democráticos y responsabilidades frente a los pueblos.
Asimismo, cuestionó que esos mismos sectores económicos que impulsan proyectos considerados extravagantes, como la colonización de la Luna, pretendan ahora avanzar sobre los recursos esenciales de la Argentina.
Para la CGT, la defensa de la soberanía constituye una condición indispensable para consolidar un modelo basado en el desarrollo, la producción y el trabajo, garantizando la independencia económica y una distribución más justa de la riqueza.
Finalmente, y a pocos días de conmemorarse un nuevo aniversario del Día de la Independencia, la conducción nacional de la central obrera realizó un llamado urgente a las senadoras y los senadores nacionales para que rechacen el proyecto oficial al momento de su tratamiento parlamentario.
«La Argentina no se vende. Defender la soberanía es defender el trabajo. Defender el trabajo es defender el futuro de nuestro país», concluyó el documento emitido por el Consejo Directivo Nacional de la CGT con fecha 2 de julio de 2026.
