Desde el Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina salimos a decir lo que muchos intentan ocultar. Lo que se está empezando a discutir -y en algunos ámbitos incluso a insinuar- sobre una posible reforma del Código Aduanero no es una cuestión menor ni un simple cambio administrativo. Es, potencialmente, una decisión que puede afectar de manera directa la soberanía del país y el trabajo cotidiano de quienes sostenemos el control aduanero.
El Código Aduanero, Ley 22.415, no es una norma más. Es la herramienta que regula todo el comercio exterior argentino, desde las importaciones y exportaciones hasta los sujetos que intervienen, los controles, los tributos, las infracciones y los delitos. Pero, sobre todo, es la ley que establece cómo el Estado ejerce su poder en todo el territorio nacional. Sus disposiciones rigen en el ámbito terrestre, acuático y aéreo sometido a la soberanía argentina. Dicho en términos simples: sin Aduana, no hay control real de la frontera.
Cuando se habla de “flexibilizar controles”, de “modernizar” o de “agilizar”, hay que tener mucho cuidado con lo que realmente se está haciendo. Porque el control aduanero no es burocracia. Es lo que evita que ingresen drogas, armas, mercadería ilegal o circuitos de contrabando que dañan la economía y la seguridad del país. El propio Código es un sistema integral que regula control, importación, exportación, tributos e incluso delitos dentro de una misma estructura.
Debilitar ese sistema -aunque sea bajo discursos modernos- no es inocente. Cuando baja el control, sube el delito. No es una consigna, es lo que pasa en la práctica cuando el Estado afloja su presencia en la frontera.
Y esto ocurre en un momento particularmente delicado. El mundo atraviesa una escalada de conflictos que ya está afectando el comercio internacional, encareciendo la logística y poniendo en tensión rutas estratégicas de abastecimiento. Buques desviados, cadenas de suministro alteradas y energía en crisis no son hipótesis: son hechos concretos que impactan en cómo circulan las mercaderías a nivel global . En ese contexto, reducir controles fronterizos no es modernizar: es asumir un riesgo innecesario.
Argentina no está al margen de ese escenario. Las definiciones de política exterior y los alineamientos internacionales colocan al país dentro de un mapa de tensiones reales. No es una discusión abstracta: es un posicionamiento concreto en un tablero internacional en conflicto.
En ese contexto, pensar en reducir controles, reemplazar presencia física por esquemas remotos o transformar la fiscalización en un sistema meramente declarativo no es modernizar: es asumir un riesgo innecesario. Porque la Aduana no es virtual. El delito tampoco.
También hay que decir algo que parece obvio pero no lo es: reemplazar control físico por mecanismos remotos puede sonar eficiente en un escritorio, pero en la realidad genera zonas liberadas. Y donde hay zonas liberadas, aparecen el contrabando, el narcotráfico y el tráfico ilegal. La Aduana no puede ser simbólica cuando el delito es concreto.
Pero el problema no es solo qué se quiere hacer, sino cómo. El Código Aduanero es una ley del Congreso. No puede ser modificado de manera fragmentada ni por atajos que esquiven el debate legislativo. Si eso pasa, no estamos frente a una reforma: estamos frente a una decisión política que debilita el control democrático y afecta directamente la soberanía.
Y hay algo que también hay que dejar bien claro. Los trabajadores aduaneros no somos el problema. Nunca lo fuimos. Somos quienes todos los días ponemos el cuerpo en la frontera, en los puertos, en los aeropuertos, controlando lo que entra y lo que sale. Y cuando se intenta instalar que el problema es el trabajador, hay que decirlo como corresponde: eso responde a decisiones de política de Estado. No es casual. Es más fácil apuntar al que controla que hacerse cargo de cómo se diseñan —o se desarman— los sistemas de control.
Esto ocurre, además, en un contexto donde el propio Estado está cuestionado en distintos ámbitos por hechos de corrupción, lo que vuelve todavía más grave que se pretenda correr el eje hacia los trabajadores. Porque mientras se discuten responsabilidades, los únicos que siguen garantizando el control real en la frontera somos nosotros.
Si el sistema se debilita, si el control se reduce o si se generan condiciones para que el delito avance, no va a ser responsabilidad de los trabajadores. Va a ser consecuencia directa de decisiones políticas.
Y esto hay que decirlo sin rodeos: si una reforma de la Ley 22.415 – Código Aduanero llega al Congreso y es aprobada en estas condiciones, la responsabilidad va a ser de los legisladores que la voten. No de los trabajadores aduaneros. Porque el trabajo se va a seguir haciendo. Pero nadie puede pretender resultados si al mismo tiempo desarma las herramientas.
Cualquier modificación del Código tiene que ser integral, debatida y analizada con seriedad. No se puede intervenir una estructura de este nivel con medidas parciales o decisiones apuradas. No se puede jugar con la frontera, y mucho menos en un escenario internacional donde el comercio, la seguridad y la geopolítica vuelven a estar atravesados por conflictos abiertos.
Acá no hay grises. O hay Estado, o no lo hay. Y cuando el Estado se corre de la Aduana, lo que queda no es eficiencia. Lo que queda es una frontera abierta.
Por Daniel MALLOTTI
Secretario General del Sindicato Único del
Personal Aduanero de la República Argentina – SUPARA
