La movilización convocada por la CGT el 11 de febrero frente al Congreso fue multitudinaria y marcó un nuevo capítulo en la confrontación del movimiento obrero con la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Con miles de trabajadores en las calles, la central obrera ratificó su rechazo a esta iniciativa que considera regresiva, y advirtió que “modernizar no es precarizar ni destruir derechos”. Tras la aprobación maratónica del proyecto en el Senado en la madrugada del jueves 12, el foco se trasladó ahora a Diputados: la CGT llamó a los legisladores a actuar “con responsabilidad y conciencia social” y reiteró que dará la pelea en el terreno político, sindical y de ser necesario judicial.
La protesta se inscribe en un plan de lucha intenso que la central viene sosteniendo desde que el proyecto comenzó a discutirse, con acciones en la calle, pronunciamientos institucionales y gestiones parlamentarias. Para la CGT, es claro que esta reforma implica flexibilización, pérdida de derechos y debilitamiento de la negociación colectiva, y avanza en una brutal transferencia de recursos desde el trabajo hacia el capital, por lo que anticipó que no se resignará ante la media sanción del Senado y que buscará modificar o frenar la iniciativa en la Cámara baja.
En ese marco, los cosecretarios generales de la CGT endurecieron el tono. Octavio Argüello advirtió que el movimiento obrero no permitirá retrocesos y pidió a los legisladores “ojo con lo que hacen” al momento de votar. Jorge Sola sostuvo que el proceso de movilización irá en aumento si no hay respuestas del Congreso y dejó abierta la posibilidad de profundizar las medidas de fuerza. Cristian Jerónimo, por su parte, cuestionó que la reforma fue diseñada en favor de los grandes grupos económicos y ratificó que la central no aceptará ninguna iniciativa que implique recorte de derechos laborales.
La jornada de protesta también estuvo atravesada por la represión de las fuerzas de seguridad, con gases y balas de goma contra los manifestantes. Desde la CGT repudiaron el accionar policial y denunciaron que se intentó deslegitimar la movilización sindical. Además, advirtieron sobre la presencia de grupos ajenos a la convocatoria que generaron incidentes y señalaron que esos hechos no representan al movimiento obrero organizado.
Con la media sanción ya consumada, la central obrera reafirmó que la disputa política se traslada a la Cámara de Diputados. Allí buscará incidir en el tratamiento artículo por artículo, construir mayorías que frenen los aspectos más regresivos y, si la norma avanza sin cambios sustanciales, recurrir también a la vía judicial para defender derechos laborales que consideran amenazados.
El mensaje del sindicalismo es contundente: la pelea no terminó en el Senado. Empieza ahora una etapa decisiva en Diputados, donde el movimiento obrero apelará a la conciencia social y política de los representantes para impedir que la reforma se convierta en ley en los términos planteados por el Gobierno.
Finalmente, en clave política, la central obrera afirmó que este retroceso de derechos laborales no va a enmendarse de otra forma que no sea de la mano de un proyecto político que ponga nuevamente en el centro al trabajador y su dignidad como tal.
