Ante el intento del Gobierno de disolver por decreto la Dirección Nacional de VIALIDAD, el Sindicato Trabajadores VIALES y Afines de la República Argentina (STVyARA), que lidera Graciela ALEÑÁ, recordó que “ya en el 2001 nos quisieron borrar y hoy nos vuelven a atacar. Pero Vialidad Nacional no se rinde, no se entrega, no se vende”. Y afirmaron que “ayer, como hoy: otra vez la misma lucha, una vez más la misma resistencia”.
Con respecto a la tentativa de desmantelamiento del organismo, el STVyARA afirmó que esto no se trata de “una reorganización, es un ataque brutal al Estado, al federalismo y a los trabajadores viales. Buscan borrar más de 90 años de historia, paralizando obras y entregando las rutas”. Pero aseguraron que no lo van a permitir: “es hora de salir a la calle, organizarnos y defender lo que es del pueblo”.
Desde el STVyARA subrayaron que “somos trabajadores y trabajadoras que construimos rutas, conectamos pueblos y defendemos el federalismo real.
Y cuando intentan desmantelar el organismo que une al país, nos encuentran de pie, organizados y en lucha”.
IMPUESTO A COMBUSTIBLES
Por otra parte, el gremio de los trabajadores viales criticó el proyecto de gobernadores para recibir directamente lo recaudado. “Es una locura, están poniendo en riesgo la coherencia territorial del Sistema Vial Federal argentino”, aseguraron.
El STVyARA manifestó su preocupación por un documento, recientemente firmado por los gobernadores provinciales, mediante el cual se solicita que el fondo específico proveniente del impuesto a los combustibles líquidos sea transferido directamente a las provincias para su libre administración. Desde el gremio, solicitaron que reconsideren la propuesta firmada y alertaron sobre el riesgo de desmantelar todo el sistema vial produciendo “la fragmentación de una política pública esencialmente federal”.
De esta manera, cuestionaron técnicamente el proyecto y sostuvieron: “Tal como establece la Ley N° 505/58, Vialidad Nacional es el organismo rector de la actividad vial en todo el territorio de la República Argentina, función que ejerce en coordinación con el Consejo Vial Federal, integrando capacidades técnicas, estratégicas y operativas con el fin de desarrollar una red vial federal que garantice la conectividad, la seguridad y el desarrollo armónico del país”.
Asimismo, advirtieron que, si bien la decisión de provincializar el uso de esos fondos “puede tener una motivación legítima” desde las necesidades locales, puede “comprometer la planificación estratégica nacional, poniendo en riesgo la coherencia territorial del sistema vial argentino”.
En la misma línea, también detallaron que VIALIDAD Nacional cuenta con “infraestructura, personal técnico especializado y equipamiento distribuido en todas las provincias, lo que permite ejecutar obras de forma eficiente, con criterios unificados y con la experiencia acumulada durante décadas”. Y agregaron que el traspaso de estos fondos directamente a las jurisdicciones implicaría “la duplicación innecesaria de estructuras provinciales, el desaprovechamiento de los recursos ya existentes y la consecuente pérdida de eficiencia en el uso del dinero público”.
En ese orden, la titular del sindicato vial, Graciela ALEÑÁ, quien integra también la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) y el Consejo Directivo de la CGTRA, analizó la compleja situación que atraviesa la red vial argentina, en cada una de las provincias, y resaltó la importancia de exigir conjuntamente la transferencia de los fondos para llevar a cabo las tareas de mantenimiento y desarrollo.
“Si existe una situación de parálisis en la ejecución de obras públicas por parte del Gobierno Nacional, lo que corresponde no es desmantelar el esquema federal vigente, sino reclamar con firmeza -por las vías administrativas, legislativas y, de ser necesario, judiciales- la reactivación inmediata del uso de los fondos específicos del combustible, hoy depositados y ociosos, en desmedro del mantenimiento y desarrollo de la infraestructura vial”, afirmó.
En este sentido, sostuvo que la red vial argentina requiere “una visión integradora, federal y profesional, no su atomización al arbitrio de administraciones locales”. Según explicó, las consecuencias de una desarticulación del sistema serían graves, produciendo “pérdida de estándares de seguridad vial, discontinuidad en los corredores estratégicos, inequidad en el acceso al desarrollo regional y aumento exponencial de los costos de recuperación de la infraestructura degradada”.
Además, ALEÑA destacó la necesidad de que el Gobierno Nacional cumpla con “lo que mandan las leyes vigentes” y garantice que “los fondos específicos del impuesto a los combustibles se apliquen con el criterio federal y estratégico para el que fueron creados”.
“No se trata de negar las necesidades provinciales, sino de preservar una política pública nacional que nos une, nos conecta y nos da sustento para crecer de manera equitativa. Por ello es sumamente importante que el Congreso Nacional, intervenga a los fines de lograr la transferencia de los montos retenidos y asegurar el normal desembolso que por ley hoy le corresponde a la Dirección Nacional de Vialidad”, concluyó la secretaria general del STVYARA.
