Una auditoría de la administración provisoria de la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (OSPRERA) impuesta por la Justicia reveló «malversación de fondos», «administración fraudulenta» y «asociación ilicita» durante la gestión de Pablo Ansaloni, de acuerdo al informe final. El resultado será elevado al Tribunal.
Según este análisis, la Obra Social OSPRERA contaba a diciembre de 2022 con un déficit financiero de 13 mil millones de pesos. Por eso, calificaron su situación económica como «grave». En ese sentido, aclararon que «eso explica la caída de las prestaciones en muchos distritos importantes del país».
Entre las erogaciones detectadas, figura «el gasto injustificado de un plazo fijo de 4 mil millones de pesos que tenía la entidad y que al mes de marzo solo quedaban 338 millones», aseguraron. En ese sentido, destacaron que «el drenaje de esos fondos se dio entre los meses de septiembre, diciembre y enero, tramo mensual que coincide con los tiempos del proceso electoral en el que Ansaloni era candidato y fue derrotado en las urnas».
Por otro lado, la auditoría también aseguró que OSPRERA recibió 1700 millones de pesos de la Superintendencia de Servicios de Salud, de cuyo gasto «no hay una sola justificación». Asimismo, denunciaron que durante la gestión de Ansaloni había una «industria de los juicios que consistía en una generación de juicios por diferencias salariales y pagos en negro» que, si bien aclararon que «hoy ese engranaje delictivo está desarticulado», seguirá generando gastos para afrontar esas «causas abiertas e inventadas».
Por último, el estudio también denunció que luego de su expulsión de la vicepresidencia de OSPRERA, «seguía utilizando vehículos, celulares y personal de la Obra Social con fines personales». También, que «su esposa y su peluquero eran empleados de la obra social».
Tras este análisis, fuentes de OSPRERA afirmaron que cuando se termine de recopilar la información sobre las filiales del interior, que «presentaron un panorama mucho más crítico por los cortes de servicios y suspensión de prestaciones por falta de pago», el informe será presentado ante el Tribunal. Además, aclararon que Ansaloni ya está imputado por los delitos de malversación de fondos, asociación ilícita y los hechos encontrados en la auditoría.
OSPRERA es la prestadora de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) y fue intervenida en marzo de 2023. “Si el objetivo de la Justicia es despejar las dudas, bienvenida sea la actuación”, había afirmado José Voytenco, Secretario General de UATRE, al momento de la intervención.
