Ante la sanción por parte de la Legislatura porteña de una norma que instituye al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad como instancia superior y revisora por sobre la Justicia de la Nación, la Corriente de Abogados Laboralistas «7 de Julio», convoca para el miércoles 6 de octubre a las 11 horas a una «Marca de Repudio» a esta embestida sin escrúpulos de la Justicia porteña, marcha que concentra frente a la sede del TSJ sito en Cerrito 760, en rechazo a esta «Ley CABA de Copamiento de la Justicia Nacional».
Una ley que sacada entre gallos y media noche infringe un severo perjuicio a los trabajadores y trabajadoras no solo a futuro, sino a aquellos que con muchos años de antigüedad fueron despedidos sin causa alguna inmediatamente que Cambiemos subió al poder, sin siquiera cobrar el último mes de trabajo, y desde entonces sin trabajo y sin haber percibido un solo peso, ven sus expedientes cajoneados y a sus abogados atados de pies y manos por este tipo de maniobras que blinda desde entonces la justicia laboral.
En este marco, la Corriente de Abogados Laboralistas que preside el Dr. Gustavo Ciampa, que supo alertar lo que se venía con este proyecto que la Legislatura terminó convirtiendo en Ley, consumado el hecho llamó a movilizarse «a la luz del atropello a las instituciones que el oficialismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha llevado a cabo el día 30 de septiembre al sancionar una norma local, que pretende modificar el procedimiento ante la Justicia Nacional erigiendo al Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la CABA en instancia superior y revisora de la sentencia de la Justicia Nacional».
Por esta razón y en atención además, «a la gravedad del hecho y el severo daño que irrogará a las y los trabajadores y sus asociaciones sindicales que necesitan concurrir a la Justicia Nacional del Trabajo en defensa de sus derechos», la Corriente «7 de Julio» invita a sumarnos e una «Gran Marcha de Repudio a la Ley CABA de Copamiento de la Justicia Nacional» a todas la organizaciones de la abogacía, de la magistratura, de las y los trabajadores judiciales, y especialmente a todas las organizaciones sindicales.