La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT) exhortó a las senadoras y los senadores de la Nación a rechazar cualquier iniciativa que promueva la apertura irrestricta del cabotaje nacional a buques de bandera extranjera, al advertir que está en juego el futuro de la Marina Mercante, la soberanía comercial, la independencia económica y miles de puestos de trabajo argentinos.
A través de una declaración titulada «Por una Argentina libre y soberana, el cabotaje nacional no se entrega», el Consejo Directivo Nacional de la central obrera sostuvo que no se trata de una problemática particular ni de un conflicto sectorial, sino de una cuestión estratégica para el desarrollo del país.
En ese sentido, advirtió que la liquidación de una flota nacional que ya atraviesa una profunda crisis, agravada por la desregulación y el posterior desguace impulsados durante la década del 90, significaría profundizar la pérdida de capacidades estratégicas y comprometer el futuro de las próximas generaciones.
«No se puede resignar el control de nuestras vías navegables ni entregar a intereses extranjeros una actividad fundamental para el desarrollo del país», planteó la CGT, al fundamentar su rechazo a la apertura irrestricta del cabotaje.
La organización sindical también puso el foco en las consecuencias que podría tener la desregulación sobre el empleo y la actividad económica. Como ejemplo, señaló la situación del Gran Rosario, principal nodo portuario agroexportador del mundo, donde identificó una contradicción entre los elevados volúmenes de riqueza que exporta la Argentina y la pérdida de capacidad de transporte propio.
Al respecto, sostuvo que cada buque extranjero que desplaza a uno nacional representa menos empleo argentino, menor generación de divisas y mayor dependencia de intereses externos. Además, remarcó que el impacto no se limita a los trabajadores embarcados, sino que alcanza a la industria naval, los puertos, toda la cadena logística y las economías regionales, especialmente las del Litoral.
Frente a este escenario, la CGT consideró que la apertura irrestricta del cabotaje no constituye una solución para los problemas de competitividad de la flota nacional, sino que amenaza con profundizar su deterioro y debilitar la capacidad del país para transportar su propia producción.
Como alternativa, reclamó una política integral que permita superar las desventajas tributarias y de costos frente a otras banderas, recuperar la flota nacional y generar condiciones para el crecimiento de la actividad.
Para ello, propuso construir respuestas superadoras mediante el diálogo y el consenso entre el Estado, el sector empresario y las organizaciones sindicales, con el objetivo de promover inversiones, empleo de calidad y una Marina Mercante competitiva al servicio del desarrollo argentino.
«Los ríos también son territorio nacional. La soberanía no puede reducirse a una consigna. Debe expresarse en decisiones concretas que protejan el trabajo argentino, la independencia económica y el desarrollo federal», expresó la central obrera.
En el tramo final de su pronunciamiento, el Consejo Directivo Nacional apeló a la responsabilidad de quienes ocupan una banca en el Senado, al señalar que su mandato debe estar al servicio de la voluntad popular y del interés nacional, y no de una lógica que pretenda reducir costos a expensas de los trabajadores y de las capacidades estratégicas del país.
Por eso, exhortó a los legisladores a rechazar de manera contundente la desregulación del cabotaje nacional y asumir la responsabilidad de defender la Marina Mercante.
«Defender el cabotaje nacional es defender la Patria. Es defender nuestra soberanía, nuestra industria y el futuro de miles de familias trabajadoras», concluyó la declaración de la CGT, que sintetizó su posición en una consigna: «No hay desarrollo federal sin trabajo argentino, no hay independencia económica sin soberanía logística y no hay una Argentina verdaderamente libre y soberana sin una Marina Mercante Nacional fuerte».
