El Secretario General de la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía Eléctrica (APSEE), Carlos Minucci, volvió a advertir sobre las consecuencias de los aumentos desproporcionados en las tarifas de los servicios públicos y sostuvo que el Gobierno Nacional traslada a las empresas el costo de una política que deteriora el poder adquisitivo, golpea a hogares, comercios e industrias y genera un clima social “muy tenso y muy peligroso”.
Minucci viene denunciando esta situación y anticipando los problemas que hoy se expresan en numerosas movilizaciones de usuarios y reclamos ante las autoridades para que se frenen los aumentos. Cuestionó que el Gobierno haya trasladado a las empresas la responsabilidad por los subsidios, colocándolas en el centro del conflicto con los usuarios.
“El Gobierno lo que ha hecho es tirarle a las empresas el tema de los subsidios, le tiró encima el problema político”, sostuvo. Consideró que no resulta creíble que el Ejecutivo no tenga respuesta frente a aumentos que llevan a una persona de pagar 60 mil pesos mensuales por la electricidad a afrontar facturas de 600 o 700 mil pesos.
Para el titular de APSEE, esta estrategia busca instalar que son las empresas las responsables de los aumentos y, al mismo tiempo, las expone al enojo de los usuarios. “Esta es la política de este Gobierno, todo pasa por ir generando desastres que traslada a diferentes lugares”, cuestionó.
Como ejemplo mencionó Mar de Ajó y la zona de la Costa, donde hay falta de trabajo y llegaron facturas de electricidad de hasta 1.250.000 pesos. Recordó que la legislación establece que para aumentar tarifas debe convocarse a una audiencia pública donde se explique por qué se produce el incremento, en qué se utilizarán los recursos y cuáles son las inversiones previstas. También advirtió sobre el riesgo de que las empresas vuelvan a prácticas de otras épocas, cuando el cliente debía afrontar el costo de reemplazar un transformador.
“Hoy el problema principal es que los clientes van a insultar a las empresas, van a descargar su bronca a las empresas, y dejan de hacer responsable y de atacar al Gobierno”, planteó Minucci. Según explicó, la población termina creyendo que la culpa es de las compañías cuando quienes impulsan esta situación son el Gobierno y sus funcionarios. Mientras los usuarios descargan su bronca contra las empresas, sostuvo, el Gobierno “se lleva el paquete de plata que les está dando Milei, para pagar el precio de ser puteados”.
EL SUPERÁVIT Y EL COSTO DE LOS SERVICIOS
Minucci comparó la política tarifaria con decisiones vinculadas con la obra pública, el mantenimiento de rutas y el transporte. Cuestionó que los fondos destinados a subsidios para servicios esenciales puedan servir para mejorar resultados contables y balances exigidos por organismos financieros, mientras las empresas quedan expuestas al conflicto con los usuarios.
En paralelo, advirtió que la política tarifaria destruye el salario de los trabajadores y afecta a fábricas y comercios. “Todos miramos al usuario particular, pero miremos las fábricas”, reclamó, al explicar que las empresas productivas enfrentan problemas de competencia y producción y sufren aumentos voluminosos de tarifas que deterioran su funcionamiento. La problemática, sostuvo, también alcanza al agua, el gas, los colectivos, los ferrocarriles y el conjunto de los servicios públicos, muy deteriorados y costosos para la población.
“Todo esto está generando un clima muy tenso, muy peligroso”, advirtió. Para el dirigente, la Argentina está “al borde de una crisis social muy profunda”, porque la magnitud de los problemas actuales no tiene precedentes en su experiencia. También cuestionó la falta de obras de cloacas y los elevados costos del agua. “Este es el objetivo del Gobierno: destruir”, concluyó.
UN SERVICIO ESENCIAL Y UN VACÍO LEGAL
Consultado sobre los cortes de electricidad por falta de pago en los hogares y las modificaciones introducidas por el actual Gobierno, Minucci reconoció que existe un vacío legal que puede generar conflictos y que, ante determinados casos, será necesario recurrir a la Justicia.
Sin embargo, remarcó que la electricidad y el agua son servicios públicos esenciales. “No se trata de una pavada, son servicios básicos, es parte de los derechos humanos”, afirmó. En ese sentido, hizo referencia a la situación difundida en Mar de Tuyu, donde se conoció el caso de personas electro dependientes que quedaron sin energía por no poder afrontar las facturas, con consecuencias que pueden poner en riesgo sus vidas.
Minucci explicó que la discusión tarifaria debe considerar que los valores actuales tienen relación directa con el retiro de subsidios por parte del Estado. Recordó que la tarifa fue discutida y aprobada en una audiencia pública realizada aproximadamente un año y medio atrás, pero señaló que desde entonces el costo para los usuarios aumentó de manera extraordinaria.
“De un año y medio hasta acá subió casi el 2000%”, sostuvo, y aclaró que, desde su perspectiva, el incremento responde al retiro de los subsidios estatales que contribuían a sostener un precio accesible para los usuarios.
EL COSTO REAL DE LA ENERGÍA
Desde la perspectiva de las empresas, explicó Minucci, el servicio tiene una estructura de costos concreta. Cuando una persona conecta un artefacto eléctrico, detrás existe una infraestructura que requiere electromecánica, instalaciones eléctricas, mano de obra civil, zanjeos, tendido de cables, montaje de estructuras y otras tareas.
Para Minucci, retirar los subsidios sin contemplar la situación económica de las familias constituye el núcleo del problema y transfiere el costo hacia usuarios con cada vez menos capacidad para afrontar las facturas.
En este contexto, señaló que ya se realizó una presentación judicial frente a lo que considera una situación de extrema gravedad. “Esto es una locura, un robo a mano armada a los ciudadanos que no tienen para comer, para pagar la luz, no tienen para los remedios”, sostuvo.
La advertencia de APSEE excede el monto de las facturas y alcanza al conjunto del sistema económico y social: trabajadores que pierden poder adquisitivo, familias que se endeudan para pagar servicios y alimentos, comercios y fábricas afectados por los costos, empresas expuestas al conflicto con los usuarios y un Estado que, según Minucci, abandona su responsabilidad en la regulación de servicios esenciales. Frente a este escenario, APSEE sostiene sus denuncias y reclama respuestas ante una situación que, según Carlos Minucci, puede derivar en una crisis social de consecuencias cada vez más profundas.
FUENTE: Reportaje a Carlos Minucci en el Programa «La Gota» que produce y conduce Edgardo Chini por la Radio Streaming Belgrano Am 570
