El Consejo Directivo Nacional de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA), con la firma de sus secretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, presentó ante el Ministerio de Economía, con el acompañamiento de referentes de las dos CTA y la UTEP, un documento en el que exigió al Gobierno una respuesta urgente frente al endeudamiento y la morosidad que afectan a millones de familias trabajadoras y PyMEs.
El planteo fue presentado al cierre de la movilización al Palacio de Hacienda convocada contra la usura y el creciente endeudamiento.
La Central Obrera advirtió la imperiosa necesidad de que “el equilibrio macroeconómico debe incluir una solución al endeudamiento y la morosidad de familias y PyMEs, reactivar la producción y el consumo y poner en marcha la economía real”.
Frente al cuadro que afecta a más de 6 millones de argentinos y sus familias, la CGT reclamó que el Estado cumpla con la función de regulación del Banco Central respecto de los niveles de las tasas de interés aplicadas a préstamos bancarios, aplicaciones financieras, billeteras virtuales y todo medio susceptible de generar endeudamiento de personas físicas.
También exigió analizar específicamente la situación de las PyMEs, cuyo endeudamiento compromete el capital de trabajo y amenaza la continuidad de sus actividades, poniendo en riesgo las fuentes laborales. Y además demandó, la puesta en marcha de un programa de refinanciación de deudas que permita atender el alarmante nivel de morosidad, con plazos y tasas acordes con la evolución de los ingresos de las familias y las empresas.
Desde la CGTRA remarcaron que la movilización al Ministerio de Economía buscó denunciar una realidad que, según señalaron, “dejó de ser un problema entre privados y castiga a millones de familias trabajadoras”.
La Central Obrera visibilizó el vinculo directo entre el crecimiento del endeudamiento con la pérdida del poder adquisitivo de los salarios y con un mercado laboral atravesado por la precarización. En ese contexto, advirtió que el crédito termina ocupando el lugar que debería tener un ingreso suficiente, afectando especialmente a las juventudes.
“No hay libertad posible cuando una familia tiene que elegir entre comer, pagar los servicios, los medicamentos o endeudarse”, apuntó la CGT, al cuestionar un modelo económico que, según planteó, coloca sobre las trabajadoras y los trabajadores el costo de una crisis que no provocaron y está a la vista que es la consecuencia de una política de Gobierno que perjudica a los hogares de los argentinos y argentinas.
En el documento presentado ante Economía, la central sindical explicó que la situación económica golpea cada vez con mayor fuerza tanto a las familias trabajadoras como a las empresas que producen y generan empleo. A la caída de los ingresos y al deterioro del consumo se suma el elevado costo del endeudamiento, haciendo cada vez más difícil llegar a fin de mes, afrontar cuotas y sostener las actividades productivas.
La CGT advirtió que el crecimiento de la mora financiera, tanto a través del sistema bancario como de otros canales, constituye un reflejo de una economía que pierde capacidad de ahorro, consumo y producción.
En ese sentido, explicó que cuando una familia deja de pagar una tarjeta de crédito o un préstamo, también reduce su capacidad de consumo. Cuando una empresa no puede financiar su capital de trabajo, disminuye su actividad.
Y cuando caen simultáneamente el consumo y la producción, también se resiente el empleo.
El escenario se vuelve todavía más complejo para aquellas familias que, al quedar excluidas del crédito formal, deben recurrir a mecanismos informales de financiamiento para cubrir incluso necesidades básicas. La Central Obrera alertó que estas situaciones exponen a los trabajadores a intereses usurarios y a condiciones de endeudamiento todavía más graves.
Ante esta realidad, la CGT sostuvo que las políticas públicas deben atender de manera urgente la problemática. La posibilidad de refinanciar deudas, ampliar plazos y reducir transitoriamente la presión de las cuotas puede permitir que las familias recuperen capacidad de consumo y que las empresas puedan sostener sus niveles de producción.
Para la Central, el objetivo debe ser liberar recursos y volver a poner en funcionamiento el círculo virtuoso que vincula ingresos, consumo, producción y empleo.
La CGTRA planteó además que la discusión excede el funcionamiento del sistema financiero. «Una economía no se recupera únicamente cuidando los indicadores financieros, sino cuando los trabajadores tienen ingresos suficientes para consumir, las empresas cuentan con mercado para producir y esa producción genera nuevos puestos de trabajo».
Por eso, sostuvo que la deuda de las familias y de las empresas no puede analizarse de manera separada de la caída de los niveles de actividad económica. En esa línea, la Central Obrera afirmó que una política de refinanciación debe formar parte de un debate económico más profundo: cómo recuperar el poder adquisitivo, el consumo, la producción y el empleo.
El razonamiento planteado por la CGT nacional fue contundente: «Si los trabajadores no pueden consumir, las empresas no pueden vender; si las empresas no venden, no producen; y si no producen, se pierde empleo», ilustró.
Frente a este escenario, la organización cuestionó que la salida pueda reducirse a un programa económico concentrado exclusivamente en los índices macroeconómicos, el ajuste permanente y el equilibrio de las cuentas financieras.
Por el contrario, reclamó «políticas destinadas a estimular la economía real, recuperar la capacidad instalada, fortalecer la actividad productiva y recomponer el consumo interno».
Finalmente, la CGTRA sostuvo que la sociedad argentina necesita una economía que permita que vuelvan a cerrar las cuentas de las familias trabajadoras, de las empresas y del país.
Para alcanzar ese objetivo, reclamó la urgente implementación de un programa económico que estimule la inversión productiva y el crecimiento, con una matriz económica diversificada y multisectorial.
La propuesta de la Central Obrera apunta así a recuperar una “trilogía virtuosa” de desarrollo, producción y trabajo, colocando la economía real y las necesidades concretas de las familias trabajadoras y de las PyMEs en el centro de las decisiones económicas nacionales.
