El Sindicato Único del Personal Aduanero de la República Argentina (SUPARA), con su Secretario General Daniel Mallotti al frente, junto a sus pares de Comisión Directiva, miembros del Cuerpo de Delegados y trabajadoras/trabajadores aduaneros, marcharon el 12 de mayo «en defensa de la Universidad Pública y la Ciencia Nacional», bajo la firme convicción de que «defender la Educación Pública es defender el derecho a un futuro mejor, el desarrollo de nuestra Nación y el fortalecimiento de la producción y el trabajo argentino», se pronunciaron..
Y reafirmaron que, «marchamos con la certeza de que la Educación y la Ciencia no son un gasto, sino la inversión más importante para el progreso del país. La Universidad Pública es de todos y, ante el ajuste, la respuesta es una sola: defenderla marchando. Y agregaron que, «mientras el Gobierno nacional incumple la Ley de Financiamiento, nos movilizamos en unidad para exigir un presupuesto digno que garantice el funcionamiento de las instituciones y una recomposición salarial urgente para los trabajadores que las sostienen».
LA LEY DE FINANCIAMIENTO NO SE CUMPLE
A este conflicto por la Ley de Financiamiento Universitario se llega y cae en un limbo legal y presupuestario, a partir de que el Gobierno nacional veta la ley, pese a que el Congreso ratificó su aplicación. Pero, una vez más el Ejecutivo le puso freno -sin la posibilidad de vetar infinitamente-, esta vez mediante el Decreto 759/2025. A todo esto, si bien la Justicia ordenó su cumplimiento inmediato paso que el Gobierno apela a la Corte Suprema, de modo que el pago de los fondos sigue paralizado.
En consecuencia, los presupuestos de la Universidades e Instituciones están paralizados, como el caso del Hospital de Clínicas General José de San Martín y demás nosocomios que están bajo la órbita de la UBA, que al no contar con los recursos que corresponde para su funcionamiento, su continuidad está en riesgo extremo. Esta es la crítica y desesperante situación que disparó la 4ta. Marcha Universitaria para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento, que es lo que corresponde en el marco Constitucional.
