La Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) que conduce el Triunvirato de secretarios generales integrado por Jorge Sola (Seguros), Cristián Jerónimo (SEIVARA Empleados del Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros), alertó sobre una grave crisis del Sistema Solidario de las Obra Sociales en algunos casos «casi terminal». A través de un informe actualizado al 31 de marzo de 2026 plantea un escenario crítico para el Sistema Solidario de Obras Sociales Sindicales, con un fuerte desequilibrio financiero que compromete el servicio de prestaciones médicas para un padrón de millones de afiliados a las organizaciones sindicales confederadas.
Esta situación, si bien las Obras Sociales desde hace mucho tiempo padecen una compleja situación que se ha venido complicando más y más con el paso del tiempo, ahora se torna más difícil con el brutal ajuste del Gobierno, con su política de déficit fiscal cero. Iniciativa que fue avanzando desde que asumió sobre los recursos de la salud, la educación, la seguridad de la población, la seguridad vial en las rutas y caminos, y tantas otros sectores claves que hacen a la vida en comunidad de una nación.
Un claro ejemplo respecto de la falta de escrúpulos del Gobierno sobre la salud del pueblo argentino es, la reciente decisión del Ejecutivo de abandonar la Organización Mundial de la Salud sin contemplar los riesgos que implica para el sistema de salud argentino, «en un retroceso que debilita el sistema sanitario y pone en riesgo la integración de nuestro país a políticas basadas en la evidencia compartida y articulada a nivel global», advirtió la CGT en su oportunidad.
Y reafirmó: «Defender el sistema de salud nacional es cuidar el futuro del pueblo trabajador», recordándole al Gobierno de Javier Milei que «la salud es un derecho del pueblo y una responsabilidad indelegable del Estado». Hoy la Central Obrera debe salir a denunciar esta «grave crisis» que se torna «casi terminal» en algunas obras sociales que deben lidiar con las presiones y falencias del sistema y del organismo de contralor.
En este marco, a partir del informe la CGT nacional apunta a uno de los puntos fundamentales que tienen que ver con el equilibrio financiero: los costos respecto de los ingresos sujetos a los aportes y estos a los salarios que están pisados por paritarias condicionadas por el Gobierno. Es así como, el documento de la Central Obrera destaca que mientras el costo estimado del Programa Médico Obligatorio (PMO) impuesto por el Sistema ronda los $85.000 per cápita, el ingreso promedio por beneficiario alcanza los $67.525. Conclusión: El sistema recauda aproximadamente un 25% por debajo de lo que se necesita para hacer frente a las prestaciones del PMO.
Los datos que comunica la CGTRA dan cuenta que un 78,5% del padrón de las Obras Sociales, algo más de 11 millones de beneficiarios, no llegan a tener el financiamiento necesario que garantice las prestaciones que les corresponde. Y a esto se suma que, 9 millones de los afiliados están por debajo del promedio de recaudación, una situación que agrava más la realidad del sistema. Y da lugar a la dependencia del Sindicato que deriva fondos para sostener la continuidad del servicio de salud que se brinda, sin poder solucionar el desequilibrio financiero que se agrava cada vez más.
El informe indica además que, la crisis también recae en la calidad del servicio, con demoras en la atención, caída en la cadena de pagos a prestadores y creciente malestar entre los afiliados. Hace foco también en la pérdida del poder adquisitivo respecto al acceso a medicamentos y su costo que sube por el ascensor de los laboratorios, mientras los salarios lo hacen por la escalera de un IPC impuesto en paritaria que nada tiene que ver con los precios en las farmacias ni en las góndolas de los supermercados. En este contexto, la CGT detalla que entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023, la capacidad de compra de medicamentos ambulatorios cayó en promedio un 49%, tendencia que se mantiene hasta en el tiempo.
El documento también señala distorsiones en la facturación de hospitales públicos, especialmente en algunos distritos, donde se aplican valores superiores a los del sector privado y sin mecanismos adecuados de control o autorización previa, lo que deriva en conflictos y judicialización de deudas.
Por último, la CGTRA cuestiona la discrecionalidad en la distribución de subsidios desde la Superintendencia de Servicios de Salud, señalando inequidad en la misma, al mismo tiempo que denuncia el progresivo vaciamiento del Fondo Solidario de Redistribución, que a su vez se ve alcanzado por el incremento de prestaciones y los cambios normativos que reducen los aportes de los salarios más altos, concluyeron.
