La CGT presentó recursos ante la Justicia Laboral y el fuero Contencioso Administrativo para declarar inconstitucional la Ley de Modernización Laboral sancionada el viernes 27 de febrero con fuerza de Ley por el Senado y fuera promulgada este viernes 6 de marzo mediante el decreto 137/2026 como Ley 27802.
La presentación fue realizada una vez publicado dicho decreto por el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial con la firma del Presidente, el mismo viernes 6 ante el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°7 a cargo del juez Enrique Lavie Pico.
El recurso fue rubricado por los miembros del triunvirato: Jorge Sola, Cristián Jerónimo y Octavio Argüello, que conduce la Confederación General del Trabajo de la R.A., junto a secretarios generales de distintas organizaciones sindicales adheridas a la Central Obrera. La presentación cumple con el anuncio realizado en el marco de la movilización realizada el lunes 2 de marzo frente a Tribunales.
El expediente quedó así a disposición del mismo magistrado que en el año 2024 dejó sin efecto parte del decreto de desregulación impulsado por Javier Mieli. La presentación de la CGT llega a días de la movilización multitudinaria a Tribunales.
El amparo judicial presentado para intentar frenar la Reforma Laboral libertaria aprobada por el Congreso en tiempo maratónico tanto en Diputados como en el Senado y casi sin debate, argumenta que la norma viola el principio de progresividad, derechos del artículo 14 bis y limita el derecho a huelga.
Entre los aspectos clave de la presentación se observa:
FOCO DEL RECLAMO: Se cuestionan puntos como la ampliación de actividades esenciales (obligando a mantener servicios durante huelgas), restricciones a asambleas, y la flexibilización de indemnizaciones.
JUSTICIA FEDERAL: El expediente recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N.º 7, a cargo del juez Enrique Lavie Pico.
ACCIÓN DE AMPARO: La presentación busca frenar la aplicación de la denominada «Ley de Modernización Laboral» impulsada por el gobierno de Javier Milei.
ARGUMENTOS: La CGT considera que la reforma representa un retroceso en derechos laborales consolidados y busca proteger la «no regresión» de los mismos.
