Pronunciándose por “Trabajo, federalismo y desarrollo» como «el camino a una verdadera modernización”, los gobernadores peronistas de seis provincias: Axel Kicillof de Buenos Aires, Gildo Insfrán de Formosa, Gustavo Melella de Tierra del Fuego, Elías Suárez de Santiago del Estero, Ricardo Quintela de La Rioja y Sergio Ziliotto de La Pampa, cuestionaron severamente la reforma laboral que «no moderniza sino que facilita despidos y precarización laboral, afectando negativamente a las economías regionales y el empleo». Y expresaron su “pleno rechazo al proyecto de reforma laboral” planteando «la necesidad de encarar reformas y transformaciones en los marcos normativos que regulan el mundo del trabajo”.
A través de un duro comunicado emitido en la previa del tratamiento del proyecto de «modernización laboral» en la Cámara de Diputados el día 19 de febrero -que terminó siendo aprobado en la madrugada del día 21-, el grupo de gobernadores peronistas criticó con dureza la propuesta oficialista con un llamado a las “distintas fuerzas políticas” a votar en contra de esta iniciativa, al argumentar que “ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”.
La proclama de los mandatarios provinciales advirtió que, «la legislación laboral debe actualizarse frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales que atraviesan nuestras sociedades. Sin embargo, ninguna reforma puede orientarse al desmantelamiento de derechos conquistados ni a la reducción de protecciones, sino, por el contrario, a reconocer nuevas garantías en un mercado laboral crecientemente inestable”, reflexionaron. Agregaron que, el proyecto del gobierno agrava aún más la situación ya que, «debilita derechos individuales y colectivos en un contexto nacional y mundial de creciente incertidumbre laboral». Y como si esto fuera poco, encima se impulsa en el contexto de «una política económica que ha provocado caída de la actividad, retracción del consumo, cierre de empresas y aumento del desempleo y la precarización”.
Dejaron en claro además que, “no nos oponemos, como sostienen los supuestos ‘modernizadores’, a todo cambio. Nos oponemos a este paquete de cambios, que nada tiene de moderno sino que simplemente consolida la desprotección”, enfatizaron. Y recordaron que en ese marco la Organización Internacional del Trabajo “ha establecido lineamientos claros sobre lo que implica una modernización laboral auténtica, basada en más derechos, mayor formalización y diálogo social”, y frente a esto “la iniciativa en debate avanza en sentido contrario: no moderniza, precariza”, advirtieron los gobernadores.
ESTE PROYECTO «NO GENERA EMPLEO»
Acerca del argumento del Ejecutivo de Milei que asegura y sostiene que su proyecto de «modernización» contribuirá a generar empleo, los gobernadores apuntaron a que esto que fundamenta el gobierno ”no se condice con la evidencia».
“Tal como sucedió con anteriores experimentos de flexibilización laboral, esta reforma no generará más empleo ni promoverá la formalización; por el contrario, facilitará despidos, reducirá estándares de protección y trasladará riesgos e incertidumbre hacia los trabajadores”, remarcaron.
Advirtiendo además que, esta es una reforma “profundamente antifederal” ya que “sus efectos impactarán de manera directa sobre las ya golpeadas economías regionales y las provincias productivas, sin contemplar sus particularidades ni abrir instancias de diálogo con los gobiernos sub nacionales”. Y señalaron que a esto, se le suma la problemática de la informalidad laboral que “no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen” sino que “se aborda mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización, innovación normativa y una estrategia económica que promueva la producción, el mercado interno y la generación de empleo de calidad”.
Pasaron a remarcar que, «el plan económico de Javier Milei, por el contrario, pulverizó 21.000 empresas y casi 300.000 puestos de trabajo, con los niveles más bajos de utilización de la capacidad instalada y, por primera vez, inversión extranjera negativa”. Y destacaron que, “para crear trabajo, en un mundo hoy proteccionista, hace falta emprender políticas federales de desarrollo e industrialización”, para luego convocar “a todas las fuerzas políticas a defender un activo central de la sociedad argentina: el sistema de derechos sociales y laborales construido a lo largo de décadas con el aporte de distintos espacios políticos y actores sociales”.
Finalmente, los gobernadores alertaron al Ejecutivo Nacional «libertario» que: «La Argentina necesita modernizar su legislación laboral para ampliar derechos y promover el trabajo formal, no para retroceder en materia de protección. El futuro se construye asegurando derechos, progreso y desarrollo. Ese es el camino que proponemos y que estamos dispuestos a debatir en el marco del diálogo democrático y el respeto institucional», concluyeron.
