El Congreso de la Nación se prepara para debatir una nueva reforma laboral que no tiene nada de moderna ni de innovadora. Detrás del discurso de la «competitividad» y la «eficiencia» se esconde, una vez más, un programa de ajuste que apunta directamente contra los derechos de las y los trabajadores, la estabilidad laboral y el rol del Estado como garante del interés público.
Esta reforma no busca generar empleo de calidad ni fortalecer la producción nacional. Busca abaratar el costo laboral, debilitar la organización sindical y consolidar un modelo de precarización que ya fracasó en la Argentina y en el mundo. Cada vez que se avanzó en este camino, el resultado fue el mismo: más desigualdad, más informalidad y menos derechos.
En el empleo público, el ataque es aún más brutal. Se intenta instalar la idea de que el Estado es ineficiente porque tiene trabajadores con derechos, cuando en realidad lo que se busca es un Estado débil, vaciado y subordinado a los intereses del mercado. Bajo el pretexto del «achicamiento», se pretende avanzar sobre la estabilidad, la carrera administrativa y los convenios colectivos, habilitando despidos encubiertos, contratos basura y mayor discrecionalidad política.
Para las y los trabajadores aduaneros, esta reforma representa una amenaza directa. La Aduana no es un gasto: es un pilar estratégico del Estado nacional. Controla el comercio exterior, protege la industria y el trabajo argentino, garantiza la recaudación fiscal y combate delitos complejos como el contrabando, el narcotráfico y el lavado de activos. Sin trabajadores formados, estables y protegidos, estas funciones quedan seriamente comprometidas.
No se puede hablar de eficiencia mientras se promueve la precarización. No se puede exigir transparencia mientras se desprotege a quienes tienen la responsabilidad de controlar. No se puede fortalecer al Estado debilitando a sus trabajadores. Lo que se propone es exactamente lo contrario a una modernización: es un retroceso que pone en riesgo la soberanía económica y el control estatal.
La reforma también avanza sobre la negociación colectiva y la representación sindical. Este ataque no es casual. Los sindicatos somos el último límite frente al ajuste y la pérdida de derechos. En la Aduana, la organización sindical no entorpece el funcionamiento: lo garantiza. Defender al SUPARA es defender condiciones de trabajo dignas y un servicio público de calidad.
Desde el SUPARA rechazamos de manera categórica cualquier intento de reforma laboral que se haga a espaldas de las y los trabajadores. No vamos a aceptar que se vulneren derechos conquistados, ni que se utilice al empleo público como variable de ajuste. La estabilidad laboral no es un privilegio: es una condición indispensable para un Estado profesional, independiente y eficiente.
La Argentina no necesita menos Estado ni menos derechos. Necesita políticas que fortalezcan el trabajo, la producción y la soberanía. Avanzar con esta reforma es elegir el camino del conflicto, la precarización y el debilitamiento institucional.
Por eso, desde el SUPARA ratificamos nuestro compromiso de defender cada derecho, cada puesto de trabajo y cada conquista colectiva. Vamos a dar todas las discusiones necesarias, en todos los ámbitos, y no vamos a permitir que se avance contra las trabajadoras y los trabajadores aduaneros. Defender a nuestros compañeros y compañeras es defender el interés nacional.
Por Daniel MALLOTTI
Secretario General del Sindicato Único del
Personal Aduanero de la República Argentina
SUPARA
