La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASiMM), que conduce Marcelo Pariente, impidió que se trate la reforma de la ley de tránsito y transporte. “Quisieron usar a la legislatura como escribanía para legalizar el fraude de la economía colaborativa, pero logramos impedirlo”, sentenciaron desde el sindicato.
“Existe la ley 5526 sancionada en 2016, que el poder ejecutivo se niega a cumplir de manera sistemática, ya que implicaría que las empresas supranacionales Rappi y Glovo tengan que reconocer la relación de dependencia de sus trabajadores. Debido a esta situación, un juez dictó una medida cautelar que obliga a los funcionarios a poner en funcionamiento el RUTRAMYC (Registro Único de Trabajadores en Motovehículos y Ciclorodados), y para asombro de todos, en lugar de cumplir con el mandato de la justicia, intentaron cambiar la ley para dejarla hecha a medida de los intereses de las grandes corporaciones, derogando la relación de dependencia y entregando la logística en dos ruedas a capitales sin patria”, manifestó Marcelo Pariente.
En sintonía con Pariente, el secretario adjunto Maximiliano Arranz agregó que “los trabajadores del transporte estamos siendo el tubo de ensayo de la nueva ola flexibilizadora, en nuestro caso bajo el eufemismo de economía colaborativa. En la última sesión del año intentaron romper las históricas conquistas del movimiento obrero argentino, legalizando el fraude laboral y la explotación en nuestra actividad. Pero nos subestimaron y se encontraron con que los motoqueros no somos empanaditas que se van a comer con solo abrir la boca. «Por acá no pudieron pasar”, finalizó diciendo.
