La Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios (ASIMM), liderada por Marcelo Pariente, celebra el reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires que confirmó las sanciones aplicadas a las empresas de plataformas Rappi Argentina SAS y Repartos Ya SA por infracciones a la normativa laboral. «Este resultado no es casual, es producto de las denuncias realizadas por nuestro sindicato desde los inicios de la actividad de plataformas en el país, hace ya casi una década», remarcaron desde la ASIMM.
«Aquellas presentaciones dieron origen a las inspecciones llevadas adelante entre 2021 y 2022, en un trabajo articulado con el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, durante la gestión de la entonces ministra Mara Ruiz Malec», recordaron. Y agregaron: «Las inspecciones fueron coordinadas junto a nuestra organización, aportando información desde el territorio, relevando casos concretos y acompañando el accionar del Estado para visibilizar las condiciones reales en las que se desempeñan los trabajadores de plataformas».
En este marco, el Sindicato Motoquero sostuvo que «este fallo no solo convalida las sanciones, sino que confirma lo que venimos denunciando desde hace años: la existencia de relaciones laborales encubiertas bajo esquemas de falsa autonomía. En este sentido, también reafirma que las herramientas legales y regulatorias impulsadas por nuestro sector van en el camino correcto.»
Apuntó además a que «particularmente, este antecedente respalda los ejes centrales del proyecto presentado por la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios: el fortalecimiento de la presunción de relación laboral y la necesidad de avanzar en mecanismos de transparencia algorítmica en las plataformas digitales». Asimismo, afirman que «deja en evidencia que la política mantiene una deuda histórica con los trabajadores y trabajadoras del sector, que aún esperan un marco normativo que garantice plenamente sus derechos».
Por último, la ASIMM sostiene que «estas decisiones consolidan la potestad del Estado provincial, bajo el gobierno de Axel Kicillof, para fiscalizar y sancionar incumplimientos, y reafirman el valor de la organización sindical como herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales». Y que «este fallo marca un camino claro: organización, denuncia y articulación con el Estado son claves para enfrentar la precarización y avanzar hacia condiciones de trabajo dignas», finalizan.
