Ante las palabras del Presidente de la Nación Javier MILEI al sostener: «Los que no me apoyen en el veto, serán genocidas del futuro», la Comisión Directiva del Sindicato de Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero (SECEIC) que encabeza Marcelo CAPPIELLOMAR, se preguntó… ¿Quién paga el costo del alivio fiscal al agro? para seguidamente y sin vueltas apuntar a la única verdad que es la realidad: «Los mismos que han venido pagando desde la asunción de MILEI. Los jubilados, los trabajadores, los más necesitados, todos aquellos que necesitan alguna respuesta por parte del Estado», señaló. Y remató diciendo: «¡Queda muy claro quiénes son los genocidas!».
A través de un comunicado, el SECEID adherido a la Federación Argentina de Trabajadores de la Industria del Cuero y Afines (FATICA), sostuvo que «este Estado que les niega medicamentos, congela o reduce prestaciones médicas o dinerarias, prohíbe los aumentos salariales por paritaria, desfinancia la salud y la educación pública. MILEI volvió a pasar la motosierra sobre los sectores más débiles de la sociedad con la excusa de defender el equilibrio fiscal».
Mientras que, «al mismo tiempo que exime del pago de impuestos a los sectores más ricos de la sociedad y subsidia a especuladores para sostener un dólar que les permita continuar obteniendo espectaculares ganancias a través de la bicicleta financiera y permite que los prestadores oligopólicos de cualquier servicio aumenten las tarifas a valores impagables». Y agregaron: «A este modelo económico le sobran veinte millones de argentinos, MILEI dejó claro quién es la casta. La casta es el Pueblo, y desde el primer día de su gobierno se dedicó a dinamitar todos sus derechos».
En la introducción del documento, el Sindicatos de los Empleados, Capataces y Encargados de la Industria del Cuero afiliados a la Centra de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma, se refirió al Decreto 534/2025 a través del cual el Gobierno vetó las leyes aprobadas por el Poder Legislativo aduciendo que fueron sancionadas con «graves vicios reglamentarios».
Al respecto, repasó el hecho de que «el Gobierno de Javier MILEI oficializó el veto a la ley que declaraba la Emergencia en el área de Discapacidad que garantizaba fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios: enfermeros, acompañantes y transportistas; restablecía el proceso de aprobación de pensiones y actualizaba las sumas -en julio de 2025 era de $ 213. 286,50-; y aumentaba la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos que cobran $ 28.000 mensuales desde febrero de 2023».
Asimismo, da cuenta que además «el Gobierno vetó la ley que prevé una suba para todas las jubilaciones y pensiones del 7,2% y plantea elevar el bono a $ 110.000 -que se encuentra congelado desde hace 18 meses, reinstala la moratoria y la flexibilización de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Todo esto, al mismo tiempo que decretaba la baja de las retenciones al campo, con un costo fiscal de U$S 1.400 millones y que significa una enorme transferencia hacia los sectores más poderosos de la economía», finalizaron.
