La Federación Marítima Portuaria y Naval de la República Argentina (FEMPINRA) que conduce Juan Carlos Schmid informó que hizo una recolección de firmas solicitando a la Comisión Bicameral de Fiscalización de Órganos y Actividades de Inteligencia, su urgente intervención ante la amenaza del Decreto 383/25 que faculta al Ministerio de Seguridad a utilizar procedimientos violatorios de la propia Constitución Nacional.
La FEMPINRA se refiere así al decreto que amplía facultades a la Policía Federal sin pasar por el control de la Justicia. En ese orden, remarcaron que “el control parlamentario no es una formalidad: es la última frontera de defensa del Estado de Derecho frente a la concentración opaca de poder. Esta comisión tiene hoy la responsabilidad histórica de ejercer esa función”.
El Decreto deroga la Ley Orgánica de la Policía Federal Argentina (PFA) vigente desde 1958 y aprueba un nuevo estatuto para esta fuerza. La norma se firmó en uso de las facultades delegadas por la Ley Bases y entró en vigencia el 17 de junio con su publicación en el Boletín Oficial.
En el comunicado, la FEMPINRA recalcó que “tanto el Decreto como el plan de inteligencia vulneran principios y garantías establecidos en la Constitución Nacional (arts. 1, 14, 14 bis, 18, 19, 28, 33, 43 y 75 inc. 22), así como en instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional”.
En ese orden, la Federación Marítima Portuaria le hizo peticiones puntuales a esta Comisión Bicameral. Entre ellas, pide que requiera “al Poder Ejecutivo la remisión íntegra del Plan de Inteligencia Nacional 2025 en cumplimiento del art. 32 de la Ley 25.520. Que “convoque de forma urgente a las autoridades del Ministerio de Seguridad y de la Agencia Federal de Inteligencia a brindar explicaciones públicas ante esta Comisión”. Incluso le solicita que “emita dictamen sobre la constitucionalidad y legalidad del Decreto 383/25 y del PIN 2025 a la luz del principio republicano de división de poderes y del bloque de constitucionalidad federal”.
También le solicita que proponga “la derogación de las disposiciones del Estatuto de la PFA que contrarían estándares internacionales en materia de derechos humanos y promueva un marco normativo democrático y transparente para las funciones de seguridad e inteligencia”.
La FEMPINRA requirió también a la Bicameral que impulse “la creación de un mecanismo ciudadano autónomo de control y rendición de cuentas de los organismos de inteligencia como forma de garantizar la transparencia, legalidad y respeto a los derechos humanos”.
