El Sindicato Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina, que conduce Graciela ALEÑÁ, realizó este jueves 10 de julio la presentación de un petitorio a los Gobernadores como también a Diputados y Senadores de la Nación, solicitando el INMEDIATO apoyo para la URGENTE derogación de Decreto 461/25, dictado por la Presidencia de la Nación, que dispone el cierre de Vialidad NACIONAL.
El Proyecto de Ley solicita la anulación del citado Decreto que dispone «la disolución de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), actuantes en el ámbito de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía», que fue publicado el 8 de julio. Y requiere se deje «sin efecto y declárese nulo de nulidad absoluta e insanable todo acto previo administrativo o jurídico resultante de aquellas y lo actuado con posterioridad. Comuníquese al Poder Ejecutivo Nacional», con la presentación y rúbrica de los Diputados: Christian CASTILLO, Alejandro VILCA, Mercedes DE MENDIETA, Juan Carlos GIORDANO y Vila RIPOLL.
La presentación del petitorio por parte del STVYARA, está enmarcado dentro del plan de lucha que contempla que esta iniciativa sea y se vea replicada en cada seccional que tiene el Sindicato Vial Nacional a lo largo y ancho del país. “Es fundamental preservar el rol estratégico de la Dirección Nacional de VIALIDAD, garantizando una política pública nacional de transporte que beneficie a toda la población, y asegure un desarrollo equitativo y conectado”, señalaron desde el gremio.
Entre los Diputados que firmaron la recepción del petitorio presentado el 10 de julio se encuentran Ricardo HERRERA (Unión por La Patria, La Rioja), Juan MARINO (Unión por la Patria, Buenos Aires), Mario «Paco» MANRIQUE (Unión por la Patria, Buenos Aires), Alejandro VILCA (PTS-FITU) y Christian CASTILLO (PTS-Frente de Izquierda Unidad), como también la ASESORA del Senador Nacional Mariano RECALDE (Unión por La Patria).
En la nota presentada se argumentó a los Gobernadores la necesidad de dar marcha atrás con el Decreto, que “impactará sobre las economías regionales, el turismo, las producciones locales de industria y agro”, perjudicando así “la transitabilidad nacional y dejando a la deriva la infraestructura que viene creando, manteniendo y conservando la DNV hace casi 93 años”.
En la misma línea, en el documento sostuvieron que el cierre de Vialidad Nacional, lejos del pretendido objetivo del Gobierno Nacional en cuanto a mejorar el funcionamiento y reducir el sobredimensionamiento de la estructura del Estado, “representa un grave perjuicio para la infraestructura, la cohesión nacional y la desaparición completa del concepto PATRIA”.
“Como lo dijimos en otras ocasiones, seguiremos luchando hasta las últimas consecuencias en defensa de Vialidad Nacional y de cada uno de nuestros trabajadores y trabajadoras. Agradecemos profundamente a todos los Legisladores por su apoyo y por escuchar nuestro reclamo”, concluyeron desde el gremio.
Respecto del Proyecto de Ley, este deja en claro que «con este decreto el Gobierno Nacional pretende una serie de política de ajuste, vaciamiento y desguace que venía aplicando desde que asumió en diciembre de 2023, sobre el sector de las rutas y obras públicas, provocando terribles consecuencias para todos los trabajadores de dichos organismos y para toda la población, que paga hasta con su propia vida, la falta de mantenimiento de obras y rutas a lo largo de todo nuestro país».
En ese sentido, especifican que «desde nuestras bancas ya hemos denunciado en varias oportunidades la peligrosidad de la política nacional de abandono de otras públicas que estaban en construcción y que quedaron totalmente paralizadas. Incluso hasta denunciamos también el hecho de que el Gobierno mantiene el cobro del impuesto al combustible (que tiene un proporcional destinado a obras en rutas nacionales y provinciales) al mismo tiempo que paraliza la obra pública».
Advirtiendo que, «esta política no solo va a desproteger a toda la población en términos de seguridad vial, sino también en otros aspectos como por ejemplo el área de investigación de Vialidad Nacional que cuenta con personal altamente capacitado que trabaja en los laboratorios regionales, reconocidos como los más importantes de toda Sudamérica, que cuentan además con mucha tecnología». Citando que, «otros ejemplos son el área que se encarga de los estudios de suelos, sector muy importante y muy valorado por todo el mundo, como así también todo lo referido a lo ambiental, entre otras».
Alertan en el Proyecto que, «las consecuencias de esta política son muy graves. Y esta nueva medida n o hará otra cosa que profundizarlas». Por esta razón, aclaran y traen a la memoria que «en el mes de marzo, hemos presentado un pedido de informes y de interpelación al secretario de Obras Públicas de la Nación, Luis Enrique GIOVINE, y al director de VIALIDAD NACIONAL, Marcelo CAMPOY, para que concurran a la Cámara de Diputados a comparecer ante las y los diputados y dar explicaciones sobre la crítica situación. De esa fecha a hoy, ni los funcionarios han concurrido, ni nuestro pedido de informes ha sido respondido», concluye el documento entre otras consideraciones.
