Ante el decreto anunciado hoy lunes 7 de julio por el Gobierno de Javier MILEI que establece el CIERRE de VIALIDAD NACIONAL, la secretaria general del Sindicato de Trabajadores VIALES y Afines (STVYARA) Graciela ALEÑA, convocó a todos los medios de prensa para este martes 8 de julio, a las 10.00 hs en la puerta de la Dirección Nacional de Vialidad, ubicada en Av. Presidente Julio A. Roca 738, CABA.
Horas antes del anuncio, Graciela ALEÑA pudo acceder al texto de decreto que estaba por salir en el Boletín Oficial, que determina la desregularización de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), y acusó a Javier MILEI y al Ministro de Desregulación Federico STURZENEGGER de generar “Rutas Nacionales de la Muerte”, al desmantelar un organismo clave para su mantenimiento.
“Nos vamos a morir todos en las rutas argentinas, es una vergüenza. Mienten con nuestras funciones y está armado este Decreto para hacer negocios, como fue también desviar escandalosamente el Impuesto a los Combustibles, que son miles de millones de pesos, a otros fines que no fueron las rutas”, denunció Graciela ALEÑÁ.
En ese sentido, la secretaria general del STVYARA señaló que “la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) es una decisión profundamente ideológica que se enmarca en el plan del gobierno de Javier MILEI de achicar el ESTADO a su mínima expresión, avanzando sobre estructuras fundamentales con el argumento de la falta de eficiencia, lo cual es mentira”.
Y añadió: “El gobierno nos viene desfinanciando desde que asumieron para desmantelarnos y acusarnos ahora de ineficientes.
Hacemos una fuerte llamado a los gobernadores y fuerzas políticas a oponerse a este decreto que también destruye otras áreas de transporte. El mismo apunta a más roles de las fuerzas de seguridad en el sector, en un claro mensaje represivo y de nuevas estructuras de negocios en las fuerzas”, alertó la dirigente gremial.
En el decreto, el gobierno nacional decidió eliminar el organismo estatal responsable del diseño, construcción, conservación y planificación de rutas nacionales, y traspasar sus funciones al Ministerio de Economía y a un nuevo ente regulador: la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte.
“De esta manera, más de 5500 trabajadores quedan en la calle, 118 rutas nacionales a la deriva y más de 40 mil kilómetros sin mantenimiento ni cobertura, dejan en un camino de incertidumbre lo que se viene. Son personas malignas, sin escrúpulos y con un desconocimiento técnico enorme”, apuntó Graciela ALEÑA poniendo al descubierto la perversidad de este Gobierno.
“Acá Javier MILEI y su secuaz Federico STURZENEGGER son los responsables del genocidio que están generando en las rutas y ahora profundizan. Eso si dejan claro que nuestros bienes de infraestructura, como edificios, maquinarias que valen cientos de millones de pesos, pasan a ser liquidados por el organismo de bienes AABE, para eso sí funcionan: hacer negociados con el patrimonio de todos los argentinos, son unos caraduras”, señaló con énfasis ALEÑA.
Y advirtió que, “esto no es una simple reorganización administrativa: significa desmantelar la capacidad operativa del Estado para intervenir en el desarrollo de infraestructura vial, en favor de un esquema centralizado, vertical y con mayor lugar para la tercerización y privatización de funciones”, remató la titular del STVYARA.
JUSTIFICACIONES DEL DECRETO Y RESPUESTA CRÍTICA
Entre otras cosas, el decreto señala que VIALIDAD NACIONAL cuenta con una “estructura compleja y onerosa que no se ajustan a las necesidades actuales de gestión” y una desproporción entre los recursos materiales y la cantidad de agentes, así como entre el número de empleados que cumplen funciones administrativas y jerárquicas, y aquellos que realizan tareas operativas en territorio. Además, redujo sus tareas a un simple “desmalezamiento de las rutas”, sin tener en cuenta todos los trabajos que lleva adelante, como obras de bacheo, repavimentación, señalización, mantenimiento inverna, control de peso, etc.
ALEÑÁ desmintió al Gobierno y lo acusó de no contemplar que VIALIDAD NACIONAL opera en todo el país y tiene presencia territorial real solucionando problemas en las rutas diariamente.
“Algo que ningún ministerio centralizado ni empresa privada puede reemplazar sin afectar la calidad del servicio o su alcance federal”, afirmó. Y agregó que “no se abordó el desfinanciamiento de su presupuesto deliberado en los últimos meses, que deterioró su funcionamiento y se usa hoy como justificación de su supuesta ineficiencia”.
En este contexto, se argumenta que gran parte del trabajo de mantenimiento vial ya está tercerizado, y que la comparación entre gestión estatal y privada demuestra mayor eficiencia del sector privado. “Esta visión mercantiliza la función pública y omite que VIALIDAD tiene una función estratégica en la planificación y control del desarrollo vial”, señaló Graciela ALEÑA. Y añadió: “El problema no es la ejecución mixta, sino el abandono presupuestario del organismo. Además, las contrataciones privadas no siempre implican eficiencia ni transparencia: el rol de control estatal es irremplazable”.
También se propone que las funciones de VIALIDAD pasen a una nueva agencia que supuestamente será más moderna y profesional para realizar una transferencia de funciones a una agencia más ágil.
“La centralización en el Ministerio de Economía aleja las decisiones de los territorios y debilita el carácter técnico de la planificación vial, que estaba resguardado por la DNV”, afirmó la dirigente. Y agregó que “la nueva agencia queda atada a una lógica político-fiscalista, no técnica ni federal. Además, es una forma de eludir el control parlamentario y suprimir derechos laborales al desdibujar el marco institucional vigente”.
Además, el decreto habla de un ahorro en el gasto público sin mencionar que “el costo de desmontar un organismo como Vialidad no es solo económico: es institucional, social y productivo. Sin un organismo estatal que piense las obras estratégicamente y en función de las necesidades de la gente, lo que se impone es una lógica de mercado, donde la inversión se direccionará según rentabilidad y no necesidad social o conectividad federal”, destacó.
Por último, Graciela ALEÑA expuso que la desregulación de VIALIDAD NACIONAL establece una pérdida de la soberanía vial donde decisiones sobre rutas, licitaciones y obras pasarán a estar en manos de privados o funcionarios sin anclaje territorial, lo que generarán más riesgo para la seguridad y el control de obras.
“Vialidad tenía funciones de auditoría, control de calidad y certificación de obras públicas. Su desaparición compromete la capacidad del Estado para garantizar transparencia y cumplimiento”, afirmó. Y añadió: “Cientos de distritos perderán presencia operativa y trabajadores calificados, lo que afectará no solo la conectividad sino también la economía local y el empleo público”, finalizó Graciela ALEÑA.
DENUNCIA PENAL A LAS AUTORIDADES DE VIALIDAD NACIONAL
En este orden, el STVyARA con la rúbrica de su secretaria general Graciela ALEÑA denunció penalmente a las autoridades de Vialidad Nacional por presuntas irregularidades en la Obra Pública. Con fecha 4 de julio presentó una ampliación de denuncia penal ante el Juzgado Federal N° 6, en el marco de la causa CFP 1826/2025, por posibles delitos cometidos en el ámbito de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La presentación judicial fue realizada en base a información recabada por el sindicato, a partir de fuentes vinculadas al organismo y una publicación del medio “El Destape” -que la semana pasada expuso una licitación llevada a cabo por el organismo en momentos en que las obras viales se redujeron a casi cero-, y apunta a hechos de extrema gravedad institucional.
Entre ellos se señalan el presunto vaciamiento de funciones del personal técnico de la DNV, desplazándolos de tareas estratégicas vinculadas a la elaboración de proyectos, supervisión, seguimiento y certificación de obras públicas, la entrega de áreas técnicas a empresas contratistas mediante la figura de «asistencia técnica», lo que implicaría una privatización encubierta de funciones estatales esenciales, la violación de leyes vigentes y principios constitucionales que garantizan el control y la transparencia de la obra pública.
A esto se suma una nueva denuncia vinculada a la falta de transferencia de fondos que, por ley, deben asignarse a la DNV a través de impuestos específicos como el de los combustibles líquidos. Según informó el Sindicato, esos recursos fueron recaudados pero retirados arbitrariamente de su destino legal, lo que impacta directamente en el mantenimiento de rutas nacionales, caminos y en la provisión de elementos de seguridad para el personal vial.
“El Estado Nacional no puede argumentar una imposibilidad financiera, porque sí tiene fondos, pero decide no transferirlos a Vialidad, violando la ley y poniendo en riesgo a trabajadores y a la ciudadanía”, denunció Graciela ALEÑÁ. Como prueba de esta afirmación, se conoció recientemente que la Dirección Nacional de Vialidad destinó más de tres mil millones de pesos (USD 2.400.000) para contratar a la empresa ELIPGO S.A. con el fin de montar un sistema de vigilancia sobre el personal de su sede central, una maniobra que el STVYARA califica como “arbitraria, innecesaria y de ningún modo prioritaria”.
“Mientras las rutas están en estado calamitoso, y los trabajadores no tienen los insumos básicos de seguridad, la DNV gasta miles de millones para controlar a su propio personal. Esto no es un error: es una decisión dolosa de desmantelar el rol del Estado en la obra pública y favorecer negocios privados”, agregó ALEÑÁ.
La gravedad de esta situación se reflejó recientemente en un siniestro ocurrido en la Autovía Artigas, a la altura del kilómetro 145, donde los bomberos de Ceibas debieron intervenir tras un accidente generado por el mal estado del camino.
Por todo esto, el STVyARA exige a la Justicia que investigue a fondo estas maniobras, se cite a ratificar la denuncia y se dispongan las medidas necesarias para impedir la continuidad del daño y el riesgo a la población, conforme lo habilita el artículo 23 del Código Penal.
“Estamos ante una afectación grave e inminente a la vida y la salud tanto de quienes transitan las rutas como de quienes trabajamos en ellas”, sostuvo. Y agregó: “No vamos a permitir que se vacíe Vialidad Nacional ni que se desconozca el rol estratégico que cumple este organismo federal en todo el país”, concluyó ALEÑA.
El STVYARA convocó a los medios de comunicación, a los organismos de control y a la ciudadanía a mantenerse alertas frente a este preocupante escenario y reitera su compromiso en defensa de la legalidad, la transparencia y la soberanía vial.
