A raíz de un informe presentado en los últimos días por la cuestionada Intervención de la OSPRERA, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) que conduce JOSÉ VOYTENCO salió a aclarar que el mismo se fundamenta en falsas acusaciones por motivaciones políticas y que harán la denuncia correspondiente ante la Justicia Penal. Denunció que, «todo lo que el informe detalla corresponde a gestiones, omisiones, o situaciones anteriores al 15 de julio de 2024, fecha en la que efectivamente asumió el Consejo Directivo designado por la UATRE».
La UATRE resalta que en este proceder del PODER EJECUTIVO con la INTERVENCIÓN de la Obra Social: «Los más perjudicados son los afiliados», cuestión que se plasma en el hecho concreto de que «en estos últimos 3 meses los reclamos de los beneficiarios se han duplicado por la falta de prestaciones, de medicación, de atención y de respuesta».
Y plantea que, «la única solución para la OSPRERA y para todos los trabajadores rurales del país, es que la UATRE sea la que administre su Obra Social a través de las autoridades que designe, ya que tiene la honestidad, la capacidad, la fortaleza y el interés consagrado en la Constitución Nacional, para salir de esta difícil situación y volverla a situar en el lugar que corresponde», finalizaron.
A través de un comunicado, la UATRE recuerda que luego de la primera intervención, el Consejo Directivo designado por el gremio «implementó en los casi 60 días que pudo accionar administrando la OSPRERA durante septiembre y casi todo octubre, transparentes e importantes mejoras, hasta que, en una maniobra jurídico-administrativa sin precedentes, el gobierno volvió a intervenirla».
Detalla que, «durante el corto periodo de tiempo que JOSÉ VOYTENCO presidió la Obra Social sin las intervenciones de la Superintendencia de Servicios de Salud, se trabajó sobre un Plan de Recuperación Financiera y Operativa, enfocado en los beneficiarios y las familias rurales».
Entre esas acciones, da cuenta que «el Consejo Directivo desvinculó de OSPRERA a todos los responsables administrativos que se encontraban a cargo de las contrataciones que detalla el informe. Además, renegoció las condiciones de compra con significativas mejoras para OSPRERA con los principales proveedores de medicamentos, haciendo que la Obra Social ahorrara miles de millones de pesos mensuales».
En ese sentido, «contrató una auditoría externa para agilizar y controlar las provisiones de medicación oncológica y de alto costo. Y reemplazó a los cargos gerenciales desvinculados con profesionales recurriendo a muy pocas incorporaciones de personal y funcionarios». Mientras que, «desde que asumió esta segunda intervención se han incorporado a OSPRERA casi 60 empleados, directos o indirectos, todos con sueldos millonarios».
Para el caso, ponen como ejemplo el caso del actual interventor designado por el Poder Ejecutivo Nacional, MARCELO PETRONI, denunciando que por dos días de trabajo cobró un honorario profesional de $ 1.400.000. Al mismo tiempo que acusan a la intervención «del poco interés en gestionar desde el conocimiento impulsados por otros objetivos». Y cuentan que, «en 3 meses cambiaron a 5 Gerentes de Prestaciones sin que ninguno supiera de que se trata OSPRERA ni ninguna otra Obra Social».
En este contexto, el comunicado remarca que los conflictos prestacionales que enfrenta la intervención están a la vista en los resultados. «A fines de diciembre una droguería EMBARGÓ a la intervención de OSPRERA por más de $ 4 MIL MILLONES por no haber atendido la demanda. Por otro lado, contrató prestaciones en 6 provincias a un valor muy por encima del habitual, perjudicando a los beneficiarios de manera directa. En enero de 2025 la intervención de OSPRERA dejó a los pacientes oncológicos y de alto costo sin la correspondiente auditoría profesional generándose un mayor atraso en la entrega de las medicaciones y un significativo perjuicio económico», concluyeron.
