Ante la importante deuda salarial que mantiene la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, ARCA (ex AFIP) con sus trabajadores desde febrero del año pasado, y que «no solo nos han congelado nuestras remuneraciones», sino que han sido blanco de una campaña de «desprestigio y enfrentamiento social», el Sindicato Único del Personal de Aduanas de la República Argentina (SUPARA), que lidera el Dr. CARLOS SUEIRO, resolvió realizar un PARO DE ACTIVIDADES los días miércoles 29 y jueves 30 de enero de 10 a 12 hs. El cónclave facultó a la Comisión Directiva a ampliar y llevar a cabo todas las medidas, acciones directas y judiciales que resulten necesarias ante el eventual avance del conflicto.
Poniendo el acento en que: EN LA UNIDAD ESTÁ LA RESPUESTA y SIN ADUANA NO HAY NACIÓN, el PARO NACIONAL DE ACTIVIDADES se concretará «con presencia en los respectivos lugares de trabajo y sin afectación ni entorpecimiento del normal tránsito internacional de pasajeros y/o turismo en general en los distintos puntos de frontera terrestres, fluviales, marítimos y aéreos». Especificaron que, «quedan exceptuadas de estas medidas de fuerza todas las operaciones aduaneras vinculadas con razones humanitarias y/o de salud pública», y demás del mismo tenor.
La medida fue resuelta por el PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS realizado en la sede central del SUPARA el pasado 22 de enero, frente al «ATAQUE CONSTANTE Y PERMANENTE a los trabajadores estatales», y en especial a «LOS TRABAJADORES DE ADUANA». Ataque llevado a cabo por el Gobierno nacional «mediante la consolidación de un mecanismo inicial de agresividad, basado en calumnias e injurias», por el cual «los trabajadores de aduana hemos sido blanco de una campaña de desprestigio y enfrentamiento social que no solo nos estigmatizó como trabajadores, sino que incluso puso en riesgo nuestra propia integridad física en varias ocasiones».
La resolución del orgánico de «LOS TRABAJADORES DE ADUANA» denuncia que, «hemos sido presentados y expuestos ante la sociedad como parte de una «casta» privilegiada, un concepto que busca constantemente deslegitimar nuestra labor y pretende justificar políticas de recortes y despidos, lo que ha generado innecesariamente un clima de gran hostilidad laboral, con incertidumbre y ansiedad». Concluyendo que, «todo este artilugio tuvo por finalidad crear el consenso social y popular para intentar avanzar en el atropello de los derechos consagrados en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, los mal llamados «privilegios».
En este contexto, SUPARA señaló que «el organismo mantiene una importante deuda salarial con sus trabajadores: desde febrero del año pasado no solo nos han congelado nuestras remuneraciones. Nos han excluido injustamente del mecanismo de negociación de pauta salarial que permite recomponer -de alguna manera- la pérdida del poder adquisitivo sufrida desde aquella fecha hasta la actualidad; además -de manera unilateral, arbitraria e ilegal- han llevado adelante distintas decisiones tendientes a recortar aún más nuestros ingresos (las sucesivas reducciones del Fondo de Jerarquización, el congelamiento del valor hora de los servicios extraordinarios, de las horas extras, las horas puente y viático (y la reducción de sus respectivos cupos), entre otros».
A esto se suma que, «aún queda pendiente, el dictado de la futura estructura organizativa relativa a los niveles inferiores del organismo, donde las autoridades del ARCA afirmaron que tienen prevista una reducción estimativa del 40%, cuya modificación también provocará un impacto negativo en los salarios de aquellos compañeros de carrera que hoy ocupan cargos en esos cuadros de estructura». Concluyendo en que: «Todas estas medidas no solo afectan al conjunto de los trabajadores, sino que también repercuten de manera directa en la eficiencia y eficacia de los controles que realiza el servicio aduanero sobre el comercio internacional de mercaderías».
La Resolución del PLENARIO NACIONAL DE DELEGADOS remarca sobre «LA IMPORTANCIA DE NUESTRO CONVENIO COLECTIVO DE TRABAJO». Al respecto manifiesta que: «Los derechos consagrados en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y ya adquiridos por el conjunto de los trabajadores aduaneros, no son producto de la casualidad ni responden a ninguna clase de privilegio. El conjunto de los derechos laborales plasmados en nuestra normativa convencional ha sido fruto de grandes luchas y conquistas llevadas adelante a lo largo de muchos años».
Y agregan: «En este largo derrotero, todos y cada uno de los derechos o institutos que hoy se encuentran incorporados en nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y son superadores de la Ley de Contrato de Trabajo, fueron adquiridos en función de la importancia y particularidad del servicio público que prestamos cómo trabajadores y de la especial dinámica de las tareas que desarrollamos».
Por otra parte, el documento se pronuncia sobre LA DEFENSA DE NUESTROS DERECHOS señalando que, «a pesar de las distintas políticas de gobierno que se han ido implementando y las sucesivas medidas que el Sector Oficial ha ido adoptando en el curso de este último año, históricamente los trabajadores de aduana nos hemos caracterizado siempre por la vocación de apelar al diálogo, buscando mecanismos que permitan evitar el conflicto y preservar la paz social, en pos de garantizar el efectivo funcionamiento del organismo».
Pero, «lamentablemente, y sin perjuicio de los numerosos esfuerzos que hemos venido realizando para consensuar una agenda de trabajo que nos permita el abordaje de las distintas problemáticas que -ya en esta instancia- exigen urgente tratamiento, hasta la fecha nuestros justos reclamos no han sido considerados por las autoridades».
A partir de lo expuesto, los TRABAJADORES ADUANEROS indican que: «En este contexto, resulta fundamental entablar un plan de lucha basado en la defensa de nuestros derechos y de un modelo de trabajo que priorice la dignidad y el bienestar de todos los trabajadores aduaneros. Los trabajadores no somos el problema y nuestros salarios no pueden ser la variable de ajuste de ningún plan económico».
«En atención a ello, y habiendo agotado todas las instancias de diálogo posibles, se torna inevitable la adopción de medidas de fuerza que permitan arbitrar un espacio paritario de trabajo serio, respetuoso y constructivo con el Sector Oficial, en el cual podamos consensuar distintas herramientas, alternativas y mecanismos que permitan avanzar en soluciones concretas frente a las necesidades planteadas por el conjunto de los trabajadores», concluye el manifiesto.
