La Asociación Obrera de la Industria del Transporte Automotor (AOITA) que lidera EMILIANO GRAMAJO advierte que la decisión de la cámara empresaria FETAP de no recibir el Boleto Educativo Gratuito (BEG) en el transporte público, deja a los conductores del servicio interurbano como rehenes en una disputa entre las prestatarias y el Gobierno provincial.
Desde la AOITA recuerdan que esta situación se produce en el marco del tramo final de la conciliación obligatoria dispuesta por la Secretaria de Trabajo de la Nación, ante la ausencia de una propuesta salarial que permita recuperar algo del poder adquisitivo perdido en los últimos tiempos.
«Los empresarios y el Gobierno de Córdoba se van a tirar la pelota entre ellos, pero los que estamos en los ómnibus somos nosotros. ¿Nos quieren obligar a dejar usuarios sin viajar? Espero que no sean tan irresponsables», afirmó el secretario general de la entidad gremial EMILIANO GRAMAJO.
Y agregó: «Todo esto ocurre en un contexto de profunda crisis social en la que los usuarios tienen que pagar una tarifa que lleva una suba acumulada dispuesta por el Gobierno provincial del 359% en lo que va del año, por una prestación que brindan las empresas que cada vez es más precaria».
Por su parte, el secretario gremial CLAUDIO LUNA, alertó que: «Nos exponen a situaciones indeseadas, en la que nosotros tenemos que seguir poniendo la cara. Encima, en el contexto de una paritaria que lleva meses sin que se haya presentado ni una propuesta por parte de las empresas, y cuya conciliación obligatoria vence el próximo martes, sin posibilidad de renovarse».
Por otra parte, AOITA rechazó las afirmaciones vertidas por funcionarios provinciales en el diario La Voz en las que dicen que las empresas deben suspender trabajadores para demostrar la crisis. «No sobran trabajadores, faltan ómnibus y frecuencias para mejorar el servicio a los usuarios», clarificó LUNA.
Ante este panorama, AOITA hace un llamado al gobernador MARTÍN LLARYORA y al sector empresario para que eviten una situación que será conflictiva con los usuarios afectados, que vuelven a ser los que padecen junto a nuestros representados las decisiones improvisadas que se toman sobre el sistema.
