Haciendo hincapié en que “EL MODELO ES AJUSTE, REPRESIÓN Y VIOLENCIA”, la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGTRA) responsabilizó al gobierno nacional de los ataques perpetrados por las fuerzas de la policía federal y gendarmería a manifestantes, jubilados, reporteros gráficos, periodistas y diputados, en los alrededores del Congreso de la Nación, donde se llevaba a cabo el 1 de febrero la segunda jornada de debate de la Ley Ómnibus.
Situación que se reiteró el viernes 3 cuando finalmente la Mega Ley denominada por el Ejecutivo como “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, terminó siendo aprobada en general por la Cámara de Diputados de la Nación para dar paso a su tratamiento en particular a partir del martes 6 de febrero.
En este marco, el Consejo Directivo Nacional que encabeza el triunvirato integrado por HÉCTOR DAER (FATSA Sanidad), PABLO MOYANO (CAMIONEROS) y CARLOS ACUÑA (FOESGRA Estacioneros), exigió: «Que cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional, a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino». Y advierten que, «el pueblo argentino tiene memoria. Ya ha transitado en el pasado varios proceso como el actual, cuando se intentaron implementar doctrinas similares destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías y de la soberanía de la Patria, y siempre han terminado en enormes fracasos que nos dejaron, además, herencias gravosas». Concluyendo en su reflexión que: «Este gobierno con sus planteos está sembrando vientos, sobre un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos. Y si sigue insistiendo con estas políticas, más temprano que tarde, necesariamente cosechará tempestades».
A través de un comunicado, la Central denunció que: «En la sesión del día jueves 1 de febrero, con un Congreso vergonzosamente vallado, cerrado a la gente y rodeado de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad y recursos (que confirman la inviabilidad política de lo que se está tratando de convalidar) se produjeron graves incidentes en los alrededores del edificio». Dando cuenta que, «estos hechos fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra PATRICIA BULLRICH y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias: jubilados y jubiladas, agrupaciones barriales, trabajadores y trabajadoras de prensa y hasta Diputados y Diputadas nacionales en ejercicio».
En este sentido, la CGT remarcó el caso de «nuestro compañero MARIO MANRIQUE, de extracción sindical por el gremio de SMATA, salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación». Y agregó: «Mientras una vez más la policía volvía a disparar contra el pueblo, la sesión legislativa por voluntad de la mayoría oficialista, continuó como si nada estuviera ocurriendo, sosteniendo la puesta en práctica de este llamado ‘protocolo’ anti protestas, que ya fue denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), que fue expresamente ilegalizado por la ONU (Organización de Naciones Unidas) y declarado «no compatible con los estándares internacionales».
La Central Obrera recordó en el inicio del documento que, «el gobierno nacional encabezado por el presidente MILEI, a través de sus primeras iniciativas: Un DNU de falsa necesidad y urgencia, y una Ley Ómnibus intervenida por las grandes corporaciones empresariales y en condiciones irregulares para su dictamen y tratamiento, inicia su gestión bordeando el filo de la legalidad institucional, violando reglas y procedimientos constitucionales, desconociendo leyes y sembrando violencia para generar miedo en la sociedad argentina, a la que se propone degradar, desintegrar y seguir empobreciendo.
FUENTE: Comunicado CGTRA 2 de febrero
CRÉDITO FOTOS: Agencia TÉLAM + Redes Sociales
