La Confederación de Sindicatos de las Telecomunicaciones de Argentina (CONSITEL), que integra la Federación de Trabajadores y Trabajadoras de las Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TICS- (FOEESITRA), que lidera Daniel Rodríguez, junto al resto de las entidades gremiales del sector: FATTEL, FOMMPTRA, UPJET y CEPETEL, puso de manifiesto su posición «ante el decreto presidencial 70/2023, de supuesta necesidad y urgencia». Y «rechazó la forma y el contenido», a la vez que «instó a todas las organizaciones miembros a poner en marcha en forma inmediata todos los mecanismos estatutarios para ratificar este rechazo, y participar de todas las acciones posibles para evitar la aplicación de este decreto ANTICONSTITUCIONAL».
A través de un comunicado, la CONSITEL comenzó destacando el hecho de que, «hace pocos días ha asumido el gobierno electo por la mayoría del pueblo argentino encabezado por Javier Milei». E indicó al respecto: «Esta confederación es plenamente consciente de las implicancias sociales políticas y económicas que este hecho implica, y así nos manifestamos oportunamente».
Dicho esto, la Confederación Sindical de las Telecomunicaciones consideró apropiado aclarar que, «nuestro compromiso con la democracia y la firmeza de nuestras convicciones al respecto, de ninguna manera implica la aceptación de medidas que afectan en forma directa las conquistas gremiales que llevó años conseguir con luchas, y sacrificios, donde numerosos trabajadores y trabajadoras dejaron su vida enfrentando la injusticia y la prepotencia».
Al respecto hizo hincapié: «Las organizaciones gremiales tenemos la obligación de defender los intereses de nuestros representados más allá de las circunstancias electorales o partidarias. Esta comunidad de intereses es la que cimenta nuestro accionar unificado más allá de las banderías, entre otras cosas porque nos une el trabajo y la defensa de las condiciones en que se realiza». E indicó que, «lejos de hacer un análisis exhaustivo del decreto presidencial, podemos destacar dos aspectos centrales, los relacionados con la forma y los relacionados con el contenido».
Y pasaron a reflexionar: «En cuanto a la forma en que se pretende modificar 300 leyes con un decreto sin pasar por el poder legislativo, queda absolutamente claro que se trata de una metodología antidemocrática y lesiva para el funcionamiento de cualquier país. La supuesta necesidad, resulta ser la de un sector íntimo de la sociedad que no es precisamente el más necesitado y la urgencia solo se justifica por demostrar un poder unipersonal en los primeros días de gobierno y evitar el funcionamiento parlamentario, actitud que ya se anticipó en una asunción de espaldas al parlamento».
Para seguidamente evaluar el contenido «de las derogaciones y reemplazos escritas en el decreto que, resulta tan grave como el punto anterior. Extracción de super ganancias y concentración de capitales en cada vez menos manos y empobrecimiento de la mayoría del pueblo. Todos los capítulos destinados a salud, educación, beneficios sociales y trabajo, resultan un compendio de medidas que en todos los casos recortan derechos y empobrecen a todos y todas».
Advirtiendo además que, «las obras sociales sindicales se verán afectadas en su esencia solidaria y las prepagas saldrán beneficiadas con la consiguiente discriminación que implica una salud de primera y otra de segunda de acuerdo al poder adquisitivo de cada una».
Y agregaron que: «En relación con el funcionamiento de las organizaciones gremiales, la liberalidad aplicada para desatar las fuerzas del mercado sobre los más débiles parece abandonar el espíritu del gobierno, toda vez que el poder ejecutivo busca obstaculizar el funcionamiento del sistema de representación sindical junto con recortes del derecho a la huelga y la protesta consagrados en nuestra Constitución». Alertando que, «de ninguna manera vamos a conceder un tiempo de espera ante medidas que atacan directamente el bienestar y la vida de nuestros compañeros y compañeras»
Es ante esta situación que la CONSITEL, «con todas las federaciones que la componen, rechaza la forma y el contenido del decreto presidencial a la vez que insta a todas las organizaciones miembros a poner en marcha en forma inmediata todos los mecanismos estatutarios para ratificar este rechazo, y participar de todas las acciones posibles para evitar la aplicación de este decreto ANTICONSTITUCIONAL».
Pronunciándose también para que, «a la mayor brevedad se realice una medida de fuerza a nivel nacional buscando el mayor consenso entre las centrales sindicales para lograr la mayor efectividad en nuestro accionar». Sin importar «quién hay votado a quien», porque «es el momento de cerrar filas y defender nuestros derechos, que ciertamente se ven amenazados. Como siempre todos juntos lograremos frenar la injusticia y defender la democracia», concluyó oportunamente la entidad confederativa de las Telecomunicaciones.
