Luego de los anuncios del ministro de Economía Luis Caputo el 12 de diciembre, la mesa chica ampliada de la CGT, conducida por los triunviros Héctor Daer, Pablo Moyano y Carlos Acuña, se reunió el martes 13 en la sede de la UOCRA para analizar punto a punto las primeras medidas impulsadas por el gobierno, que definen el rumbo elegido por el Presidente Javier Milei.
El diagnóstico de la central obrera fue contundente: El ajuste castiga al pueblo y no a la casta, algo muy distinto a lo que había postulado Milei en la campaña.
La CGT aseguró que con esas medidas señaladas por Caputo “se generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas y autónomos, así como también de jubilados y pensionados”. Por esa razón le reclamó al Gobierno una convocatoria al diálogo dado que “sigue siendo nuestra vocación contribuir a la gobernabilidad”. De todas maneras, le advirtió que “no se va a quedar de brazos cruzados”.
El comunicado de Prensa emitido por la CGT luego del encuentro, planteó con dureza su diagnóstico. “De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades económicas del actual Gobierno, las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30%, al menos por el próximo cuatrimestre, situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las negociaciones paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos y argentinas en una situación socioeconómica desesperante, sin garantías de poder acceder a sus necesidades básicas”, expresaron.
En ese sentido, afirmaron que “las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social” porque “ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la Nación por la ausencia de una política de ingresos”, además que “implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo”.
La mesa ampliada de la CGT subrayó en el análisis, que “el ordenamiento de la macroeconomía no debe ser fundamento para cargar sus costos de manera inequitativa sobre la sociedad argentina”.
En ese orden, reiteraron su vocación de contribuir a la gobernabilidad y para ello consideraron “imprescindible una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales”.
Advirtieron asimismo que “la CGTRA no se va a quedar de brazos cruzados” y reivindicaron “los derechos sociolaborales, el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras”.
Finalmente, el Consejo Directivo Nacional de la central obrera aseguró: “No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste”.
Participaron del encuentro desarrollado en la UOCRA, donde Gerardo Martínez ofició de anfitrión, los cotitulares de la CGT Héctor Daer (Sanidad), Pablo Moyano (Camioneros) y Carlos Acuña (estaciones de servicio), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Sergio Romero (UDA), Jorge Sola (Seguro), Julio Piumato (judiciales), Mario Manrique (SMATA), Rodolfo Daer (Alimentación), Sergio Palazzo (Bancarios), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Sergio Sasia (Unión Ferroviaria), Guillermo Moser (Luz y Fuerza) y Mario Calegari (UTA), entre otros dirigentes.
EN AGENDA
Más allá de lo anunciado fehacientemente, está visto que el gobierno libertario quiere cambiar la Ley de Contrato de Trabajo y la Ley de Asociaciones Sindicales, normas que históricamente el movimiento obrero defiende sin miramientos.
Por ahora no se sabe en forma fehaciente si habrá una reforma laboral profunda, o si se avanzará con proyectos incluidos en la ley ómnibus que el Ejecutivo planea enviar al Congreso, vinculadas con un sistema indemnizatorio para los nuevos trabajadores, que sería de adhesión voluntaria, y con un sistema de multas laborales por trabajo no registrado o mal registrado. También se habla de una posible modificación a la ultraactividad de los convenios colectivos, y la idea de declarar a la educación y el transporte como servicios esenciales, con el fin de regular, indirectamente, el derecho a huelga en esas actividades, algo que, de llevarse adelante, traería conflictos inminentes con el movimiento obrero.
FUENTE: Comunicado CGTRA
FOTO: Agencia NA
