El Plenario de Secretarios Generales de la Asociación del Personal del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (APINTA) defendió «las políticas de Estado» y convocó a la sociedad a «votar el 22 de octubre próximo en defensa propia».
Los dirigentes de las seccionales de APINTA de todo el país clausuraron el orgánico realizado en la sede gremial del porteño barrio de Palermo, aseguraron que varios sectores «desvalorizan a los organismos nacionales públicos de ciencia y tecnología como justificación de las drásticas reducciones presupuestarias».
El titular de la APINTA, Mario Romero, indicó que «esos sectores procuran minimizar o hacer directamente desaparecer el sistema público de investigación, extensión y transferencia, desligando al INTA del territorio y su compromiso con el desarrollo regional”. Para Romero, tener 15 centros regionales, 53 estaciones experimentales, 6 centros de investigación, 22 institutos de investigación y 379 agencias de extensión rural que cubren la amplia extensión territorial, permite tener «un enfoque federal y administrar de forma eficiente y eficaz, un patrimonio que la sociedad delega para cumplir los objetivos».
El organismo, según afirmó el sindicalista, contempla temas como los recursos humanos, presupuesto, autarquía, equipamiento e inversiones, entre muchos otros, detalló. Romero afirmó: “Las medidas de restricción presupuestaria afectan el cumplimiento de funciones indelegables como organismo del Estado, como la evaluación y control del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el acompañamiento de la agricultura familiar, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural».
Aseguró que esos temas «no son abordados por la actividad privada, o lo hace de forma parcial y con otros objetivos ligados a lo económico y coyuntural”. Y agregó: «Al contrario de lo que el discurso neoliberal procura instalar para el sistema científico y tecnológico, se necesita más y mejor gestión estatal y una activa participación de los actores de la sociedad civil como las empresas privadas, la agricultura familiar, las organizaciones de los trabajadores y los consumidores», dijo Romero, quien reclamó «un Estado presente y un INTA fortalecido con personal capacitado y compromiso social».
Al tiempo que recordaron que, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación promulgada en 2021 propuso un incremento progresivo y sostenido de la asignación total presupuestaria, pasando del 0,52% de inversión del PBI en 2020 al 1,70% en 2030. El líder de APINTA, dirigiéndose a la comunidad como a sus representados, puso el acento en que, el 22 de octubre próximo «se definirá el destino de la Argentina y su soberanía, las fuentes de trabajo y la de las familias», y remarcó la importancia de que «la decisión de por quién votar ese día es nuestra, por lo que es preciso hacerlo en defensa propia», finalizó diciendo.
DECLARACIÓN DEL SECRETARIADO NACIONAL Y EL PLENARIO DE SECRETARIOS Y SECRETARIAS DE SECCIONALES DE APINTA REUNIDOS EL DÍA 20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
En un contexto donde nuevamente desde diferentes sectores se tiende a desvalorizar a los organismos nacionales públicos de ciencia y tecnología como justificación de las drásticas reducciones presupuestarias y se emiten expresiones que pretenden minimizar o aún hacer desaparecer el sistema público de investigación, extensión y transferencia, desligando al INTA del territorio y su compromiso con el desarrollo regional, una vez más urge dar la discusión sobre el INTA QUE QUEREMOS LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS.
En un documento que abordaba estos temas y fue presentado en octubre de 2017, señalábamos, entre otros puntos, lo siguiente:
– “Creemos firmemente en la articulación con otros organismos oficiales, la relación público – privada y en los vínculos internacionales, pero entendemos que ninguna circunstancia puede remplazar el rol directriz del Estado y que las necesidades territoriales, deben ser las que marque el camino de nuestro trabajo”.
– Para ello las diferentes líneas de conducción del INTA (gerenciales, programáticas y de representación social) deben involucrarse en el seguimiento y evaluación de estos recursos garantizando la efectividad y eficacia de su aplicación en cumplimiento de los compromisos asumidos.
– Mantener el resguardo y protección de información estratégica proveniente de los datos e informes generados a través de la investigación en áreas sensibles para el mantenimiento de la capacidad de decisión nacional (semillas, germoplasma, vacunas, recursos naturales, etc.) que permite un desarrollo agropecuario competitivo económicamente, equitativo socialmente y sustentable ambientalmente.
Nuestro accionar específico es la contribución al sector agropecuario, agroalimentario y agrobioindustrial del país a través de la investigación, la extensión y el desarrollo de tecnologías. Este sector representa con toda su diversidad productiva, socioeconómica y ambiental, un actor estratégico, aportando divisas, empleo, desarrollo regional y progreso tecnológico, al que acompañamos en nuestra diaria tarea en afrontar los desafíos que representan la seguridad y soberanía alimentaria, el cambio climático, la salud ambiental, la equidad social y el uso responsable de los recursos naturales.
Tenemos el orgullo de ser trabajadoras y trabajadores del Estado Nacional y como tales tenemos la obligación social de “brindar una eficiente y eficaz prestación de servicios públicos de la máxima calidad en favor de los habitantes de la Nación, en especial de aquellos sectores más postergados, contribuyendo a la construcción de una sociedad justa, equitativa, libre, armoniosa y solidaria”.
El INTA cuenta con 67 años de trayectoria a través de los que ha desarrollado una amplia experiencia a todos los niveles (local, provincial, nacional e internacional), debiendo adaptar su gestión institucional a los cambios estructurales que son demandados a través del tiempo. En sus orígenes nucleó unidades ya existentes, dependientes del Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación (como Agronomías Regionales, Estaciones Experimentales y Laboratorios e institutos especializados), que habían sido creadas a lo largo de la primera mitad del siglo XX por gobiernos de distinto signo político que visualizaban la importancia de la acción estatal para propiciar el mejoramiento de la actividad agropecuaria a través de la incorporación de tecnología y el acompañamiento a la población rural.
El hecho de contar con 15 Centros Regionales, 53 Estaciones Experimentales, 6 Centros de Investigación, 22 Institutos de Investigación y 379 Agencias de Extensión Rural cubriendo una amplia extensión territorial a lo largo y ancho del país que hace que la Gestión Institucional (que debe abordar temas tales como recursos humanos, presupuesto, autarquía, equipamiento, inversiones, etc.) tenga un enfoque federal y sea de fundamental importancia para el manejo eficiente y eficaz de este patrimonio que la sociedad en su conjunto pone a disposición de la Institución para el cumplimiento de sus objetivos.
Las medidas de restricción presupuestaria afectan el cumplimiento de funciones que son indelegables de la institución como organismo del Estado, ya sea a través del propio accionar o en conjunto con otras instituciones públicas, tales como la evaluación y control del ambiente, la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad, el acompañamiento de la agricultura familiar, la sustentabilidad de los sistemas productivos, la viabilidad de las economías regionales y el mejoramiento de la calidad de vida de la familia rural. Estas temáticas, como es sabido, no son abordadas por la actividad privada, o lo son en forma parcial y con otros objetivos más ligados estrictamente a lo económico y coyuntural.
Las distintas experiencias neoliberales (que tienen en común el predominio del capital financiero sobre el trabajo y el capital productivo) afectaron el funcionamiento de la institución. Haciendo un recorrido histórico, durante la dictadura instaurada en 1976 además de la represión y persecución con sus secuelas de asesinatos, desapariciones y cesantías se eliminó la autarquía del INTA (que fue recuperada con el retorno a la democracia) y se eliminaron las actividades de extensión relacionadas con las familias y las juventudes rurales como eran los Clubes de Hogar Rural y los Clubes 4 A.
Luego, la política instaurada a partir de 1990 (iniciada por el menemismo y continuada por la Alianza) con la consigna “achicar al Estado para agrandar la Nación” significó nuevamente eliminar la fuente de recaudación de fondos propios para el INTA (que se recuperó en el 2002) sin compensar la pérdida de recursos en las partidas presupuestaria haciendo que durante esa década se viviera una situación de “ajuste permanente”. Además, se generó un achicamiento de la cantidad de trabajadores y trabajadoras a través de los “retiros voluntarios”, jubilaciones anticipadas y congelamiento de vacantes, con intentos de provincializar y/o privatizar la Extensión e incluso al conjunto de la institución con la figura de “Ente público no estatal”.
Más cercana en el tiempo fue la política de ajuste instaurada entre 2015 y 2019 por el Gobierno de Juntos por el Cambio, que con el protagonismo del ministerio de Modernización intervenía en forma directa en la gestión del INTA. Esto significó la pérdida de 800 vacantes (664 producidas por jubilaciones, renuncias y el resto por retiros voluntarios) además del achique de estructuras de línea mediante la desjerarquización de los Institutos para la Pequeña Agricultura Familiar (IPAF) y cierres de Agencias de Extensión Rural y una abrupta interrupción de los proyectos institucionales 18 meses previos a la finalización de la cartera programática. Así como también, se reflotaron los intentos de privatizar la Extensión planteando que el presupuesto destinado a los proyectos de este componente estratégico se concursara para su gestión por consultoras y/o asesorías privadas, incluso el Vicepresidente del INTA llegó a plantear en ese período el cierre de las Agencias y que “aquellos productores que necesiten información la busquen en las Estaciones Experimentales”.
Como marco de referencia en la temática citamos al primer Premio Nobel de Ciencias latinoamericano, Bernardo Houssay “Los países ricos lo son porque dedican dinero al desarrollo científico tecnológico. Y los países pobres lo siguen siendo si no lo hacen. La ciencia no es cara, cara es la ignorancia”.
Esto lo podemos visualizar en los últimos datos del Banco Mundial de acuerdo a la inversión publico/privado que realizan distintos países en Ciencia y Tecnología (CyT) del porcentaje de su PBI, quienes lideran el ranking son Israel Corea del Sur, con 4,95% y 4,81% respectivamente. Mientras que Alemania destina 3,09%, Estados Unidos invierte el 2,84 y el país latinoamericano mejor posicionado que es Brasil invierte el 1,27%, cumpliendo en todos los casos el Estado un rol protagónico.
En Argentina, la Ley de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación promulgada en 2021 propone un incremento progresivo y sostenido a la asignación total presupuestaria pasando del 0,52% de inversión del PBI en el 2020 al 1,70% en el 2030.
A la inversa de lo que el discurso neoliberal intenta instalar para el Sistema Científico y Tecnológico Argentino, lo que se necesita es más y mejor gestión estatal con una activa participación del conjunto de los actores de la sociedad civil como son entre otros las empresas privadas, la agricultura familiar, las organizaciones de los trabajadores/as, los consumidores, etc.
La Sociedad necesita un Estado presente, con un INTA fortalecido con trabajadoras y trabajadores capacitados y con compromiso social.
Por todo lo expresado en este documento, en la inminente coyuntura electoral se define el destino de nuestro país, nuestra soberanía, nuestra fuente de trabajo y la de nuestras familias. La decisión está en nuestras manos, ¡VOTEMOS EN DEFENSA PROPIA!
FUENTE: Agencia TÉLAM
