El Secretariado Nacional de la Federación de Sindicatos de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas de la República Argentina (FESTIQYPRA), que encabeza Omar Barbero, recordó «la masacre de Plaza de Mayo» del 16 de junio de 1955, que tuvo «como objetivo principal asesinar al presidente Juan Domingo Perón y a los miembros de su gabinete para consumar así un golpe de Estado. «El pueblo argentino no debe olvidar. Tengamos memoria», exhortó la conducción de la FESTIQYPRA.
En este contexto, la FESTIQYPRA puso el acento en que «pocas veces en la historia mundial miembros de las Fuerzas Armadas de un país, con la connivencia de sectores políticos y eclesiásticos, descargaron sus bombas y ametrallaron a la población civil como forma de implantar el terror e intentar tomar el poder».
A través de un comunicado difundido desde la Secretaría de Prensa a cargo de Hugo Pachuelo, la entidad Federativa de los Trabajadores Químicos y Petroquímicos señaló que, «el propósito de la conjura, tras asesinar al presidente de la Nación, era instaurar un triunvirato civil integrado por Miguel Ángel Zavala Ortiz (dirigente de la UCR), Américo Ghioldi (dirigente del Partido Socialista) y Adolfo Vicchi (del Partido Conservador)».
Y repasó aquella luctuosa acción asesina y de terror, que anticipando lo que sería el golpe de la autodenominada Revolución Libertadora del 16 de septiembre de ese mismo año, terminó con la vida de ciudadanos o los dejó mutilados, gente de bien que circunstancialmente pasaban por Plaza de Mayo o sus adyacencias, todos trabajadores que cruzaban la plaza o andaban por la zona, que incluyó hasta a una delegación de niños que viajaban en un colectivo escolar de paseo para conocer la Casa de Gobierno y la plaza histórica.
«Aviones que surcaron el cielo del centro de Buenos Aires lanzaron más de cien bombas con un total de entre 9 y 14 toneladas de explosivos. La mayoría de ellas cayeron sobre las plazas de Mayo y Colón y sobre la franja de terreno que va desde el Ministerio de Ejército ubicado en el Edificio Libertador y la Casa Rosada, en el sureste, hasta la Secretaría de Comunicaciones situada en la sede del Correo Central y el Ministerio de Marina, en el noroeste. Alcanzando incluso parte del edificio del Ministerio de Economía y Hacienda de la Nación», detalló el documento.
Y continuó diciendo: «El resto de las bombas y los proyectiles de grueso calibre disparados desde los aviones y también por los infantes de Marina que intentaron asaltar la Casa Rosada estuvieron dirigidos a una población que vio su cotidianeidad interrumpida por la primera incursión de la Aviación Naval aquel jueves frío y nublado de junio de 1955. Además de los más de trescientos muertos, el ataque dejó como saldo más de mil doscientos heridos», detalló.
El escrito que insta de forma implícita a la toma de conciencia de la población y a tener memoria a la hora de elegir a sus gobernantes, de modo que no se trate de aquellos descendientes o defensores de quienes ejecutaron o fueron cómplices de estos hechos aberrantes, continuó diciendo: «Muchos de los responsables del Bombardeo se refugiaron en Uruguay una vez fracasado el intento de golpe. Allí fueron recibidos en el aeropuerto de Carrasco por el capitán Carlos Guillermo Suárez Mason, prófugo de la Justicia argentina desde su participación en un levantamiento militar contra el presidente Perón en septiembre de 1951», recordaron.
Para terminar diciendo: «En tiempos de la última dictadura, Suárez Mason sería comandante del Primer Cuerpo de Ejército y, como tal, máximo responsable de la represión en esa jurisdicción militar. Luego, convertiría a YPF en la única petrolera del mundo con pérdidas sistemáticas. Además, varios de los pilotos y tripulantes de aviones que escaparon del país serían más tarde acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar, poniendo de relieve los vínculos entre los golpistas y criminales de 1955 y los de 1976», concluyó el comunicado.
