El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles de la República Argentina (SGyMGMRA), que conduce Roberto Coria, advirtió el 15 de octubre que se encuentra en estado de alerta ante los trascendidos de supuestas maniobras para normalizar la Administración General de Puertos (AGP) luego de 30 años, con la creación de “Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado” como paso previo al traspaso del puerto federal al gobierno de la Ciudad. “Hay un negocio inmobiliario que está atrás de toda esta actividad”, denunció Coria.
El mecanismo detectado por los gremios portuarios sería el nombramiento de directores afines a la actual gestión de Gonzalo Mórtola con mandato por tres años, que garantizarían el manejo del proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos portuarios de Puerto Sur en la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La AGP ya elevó al Ministerio de Transporte el proyecto para la creación de una sociedad del Estado que absorberá al organismo, en lo que se presume, se trata de parte del proceso de transferencia a la Ciudad. Asimismo, en septiembre pasado el Partido Justicialista había advertido sobre la posibilidad de una transferencia de último momento del principal puerto federal, y luego gremios portuarios realizaron una denuncia penal para evitar estas maniobras.
TRABAJADORES Y TRABAJADORES
Además de que trascendió un supuesto borrador de Decreto de Necesidad y Urgencia que emitiría el Gobierno antes del 2 de diciembre, la sospecha se despertó por “el festival de nombramientos en la AGP”, según señalaron desde Guincheros, a raíz de que se pasó a planta permanente a 19 gerentes y subgerentes con sueldos que superan los 120 mil pesos, los cuales ingresaron como contratados entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, bajo la administración de Mórtola.
“Hoy existen tres terminales que administran la carga y descarga de los barcos, y ahora hay un proyecto de dejar un solo operador. No solo las empresas van a quedar afuera: por vencimiento del pliego de licitación, tendrían que desvincular a los trabajadores y pagarles la indemnización porque evidentemente el nuevo proyecto no los contempla”, explicó Coria y aclaró, «las terminales portuarias más grandes del mundo tienen no más de 600 trabajadores; no nos pueden engañar, una sola terminal deja en la calle a 900 trabajadores. El proyecto del Gobierno es evidente, no existe el operador que vaya a tomar a 1500 trabajadores, achican la operación para luego desaparecer y hacer su proyecto inmobiliario».
“Guincheros no solo ha presentado a través de sus delegados y de marchas y reclamos, sino que ha solicitado a los representantes del Ministerio de Transporte y los políticos que también tienen una visión más exacta, que suspendan estos pliegos de licitación que se van a abrir el 2 de diciembre, días antes del inicio de un nuevo gobierno, para discutir un nuevo proyecto de licitación con las pautas que nosotros venimos dando en estos últimos cuatro años y tener una visión de cómo va a ser el nuevo puerto de aguas profundas…”, señaló Coria.
