Inicio 2018-06 Junio “Nuestros derechos no se negocian”

“Nuestros derechos no se negocian”

EN UN NUEVO ANIVERSARIO, LA AEFIP RECLAMÓ POR LOS SALARIOS Y SU CONVENIO

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La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP), que lidera Guillermo Imbrogno, rechazó el “congelamiento salarial” que estableció el organismo recaudador para sus trabajadores, y manifestó la necesidad de “recomponer los salarios conforme la evolución de precios de bienes y servicios para el corriente período”, explicaron.

Por otra parte, el 19 de mayo en un nuevo aniversario de la AEFIP, la Mesa Directiva Nacional encabezada por Imbrogno señaló que “hace 45 años se firmaba nuestro Convenio Colectivo de Trabajo, el primero de la Administración Pública en toda América Latina. Desde entonces, hemos tenido el desafío de acrecentar nuestros derechos, y defender nuestras conquistas. Hoy nuevamente nos enfrentamos a intentos de avance sobre nuestro Convenio, por ello reafirmamos que ¡nuestros derechos no son negociables!

Guillermo Imbrogno

En el marco de este nuevo aniversario del gremio impositivo, sus autoridades subrayaron que “los organismos públicos en su conjunto y los trabajadores en particular estamos enfrentando una política de ajuste que resiente el rol del Estado”. En la AFIP, “esa política se traduce en la falta de acciones concretas que jerarquicen la función esencial que tenemos en la generación de los recursos para solventar los gastos y robustecer las cuentas públicas, única forma para hacer frente a un déficit que sólo será́ paliado con un organismo recaudador activo”, evaluaron.

Opinaron asimismo que “las actuales negociaciones con el FMI nos recuerdan un pasado cercano al que no queremos volver, y desde nuestro lugar tenemos que ser los primeros en defender nuestra autarquía y ser protagonistas en darle un rumbo a la AFIP”.

SALARIOS

En la reunión mantenida el 8 de junio con el subdirector general de Recursos Humanos de la AFIP, en el marco de la Comisión de Conciliación prevista en el artículo 87 del CCT, la representación del organismo “manifestó que la propuesta salarial realizada para el periodo junio 2018-mayo 2019 será de congelamiento salarial, entendiendo por ello un ajuste en la Cuenta de Jerarquización del artículo 16 del Decreto 1399/2001 del 0,55% y ninguna propuesta salarial, garantizando que el salario promedio anual bruto del trabajador será similar respecto del periodo 2017/2018”, explicaron las autoridades del gremio.

Por su parte, la AEFIP rechazó cualquier tipo de congelamiento salarial y pidió la recomposición de acuerdo a la evolución de bienes y servicios. Con respecto a la Cuenta de Jerarquización, el gremio rechazó de plano “cualquier tipo de modificación en la misma, debiéndose preservar la intangibilidad del salario de acuerdo a lo previsto en el art. 168 del CCT”. Por lo tanto, manifestaron su negativa al ajuste sobre la Cuenta de Jerarquización porque “la variable de ajuste no pueden ser los trabajadores”.

No obstante, los desacuerdos entre ambas partes, continuarán en una serie de reuniones en el marco de la comisión señalada.

CONTRA EL ACOSO LABORAL

Por otra parte, en el marco de su participación en la Conferencia anual de la OIT en Ginebra, Imbrogno explicó que están “bregando para que de acá (en la cumbre OIT 2018) surja una norma que proteja a los empleados públicos del acoso laboral del Estado empleador, y terminemos con las órdenes verbales que lo único que se logra en el futuro con los cambios de gobierno, es que todos los compañeros terminen acusados de delitos que no cometen y paseando por tribunales por órdenes verbales que van dando los funcionarios de turno”.

Imbrogno afirmó que la participación de AEFIP en la OIT “es muy positiva” para volcar los estudios y análisis realizados en los últimos años con relación a las problemáticas de acoso laboral que sufren los trabajadores del sector por parte del Estado.

En ese marco, señaló: “nosotros venimos trabajando ya hace seis años en el tema internacional”, conjuntamente con los integrantes de la Red de Trabajadores conformada con empleados judiciales y de organismos de control, para impulsar una normativa que proteja a los trabajadores de la administración pública del mobbing o acoso moral en el trabajo.