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La Cobertura Universal de Salud (CUS) se puso en marcha. Se realizó su inauguración formal en la ciudad mendocina de Guaymallén y se ira implementando paulatinamente en todo el país. Comenzará con la entrega de 120 mil credenciales a personas que, por trabajar en la informalidad o ser desocupadas, no tienen acceso a obras sociales sindicales o a la medicina prepaga.

El CUS es impulsado por Cambiemos desde el inicio del mandato de Mauricio Macri. Los médicos sanitaristas y los trabajadores de los hospitales públicos rechazan la iniciativa y aseguran que tras esa sigla se esconde un ajuste que determinará restricciones severas en el acceso al sistema público de salud y profundizará la inequidad. Los médicos sostienen esto a partir de la implementación del nuevo sistema de salud pública y por las prestaciones que brindarán los hospitales, ya que en principio sólo se ceñirán al Programa Médico Obligatorio (PMO), por lo tanto cualquier afección que requiera un tratamiento por fuera de esa cobertura básica tendrá que ser autorizado especialmente o se deberá pagar. Sabemos que la población que accede a estos efectores públicos no cuenta con los recursos necesarios para abonar prestaciones que antes no pagaba, con lo cual se está poniendo en peligro el acceso a la salud y la calidad de vida de los más vulnerables.

Los que conocemos algo del sistema de salud evidenciamos que la puesta en marcha del CUS es un maquillaje del sistema de salud que terminará en la privatización de muchos servicios de los hospitales provinciales y nacionales  que, finalmente, no podrán financiar su funcionamiento. Y esto obedece también al recorte presupuestario hecho en materia de salud para el 2018.

El cambio de paradigma impulsado por el macrismo cierra con la creación de la Agencia Nacional de Evaluación de Tecnología de la Salud (AGNET), que deberá ser creado por ley, y está especialmente en la mira del sindicalismo ya que decidirá qué medicamentos y tratamientos serán parte del PMO y definirá la cobertura de los tratamientos de alta complejidad y su costo. Estamos al aguardo del tratamiento y aprobación de esta ley para ver con qué problemas nos deberemos enfrentar.

El nuevo modelo de salud está lejos de ser un invento argentino. El programa es impulsado por el Banco Mundial y la Organización Mundial de la Salud (OMS) y, según los profesionales de la salud que observan con preocupación su puesta en marcha, afectará a los usuarios de los hospitales públicos, pero también a los afiliados de las obras sociales y las prepagas ya que se sacarán prestaciones del PMO. De esta manera, tratamientos que hasta hoy financiaban las entidades de salud sindicales o privadas deberán ser abonados por los usuarios.

“La puesta en marcha del CUS es un maquillaje del sistema de salud que terminará en la privatización de muchos servicios de los hospitales provinciales y nacionales”

El primer capítulo del programa, que ya está en funcionamiento y reemplaza al Plan Remediar, es el CUS Remedios. El reemplazo no significó sólo un cambio de denominación, sino también la cantidad de medicamentos para entregar de forma gratuita, que disminuyó de 71 a 45. Este cambio está afectando varias aristas de la salud de la población, en tanto el 90% de las problemáticas de la salud se atendían y resolvían con los medicamentos que proveía el Remediar.  Que no haya más presencia del Remediar significa trasladar el costo de los medicamentos a la población y restringir el acceso a la salud. Para agregar otro dato más que afecta la calidad de la salud de la poblacion, en el PAMI, la principal obra social de América Latina que da cobertura a los cinco millones de jubilados de nuestro país, se ha restringido el acceso a medicamentos y a la salud con el único fin de tener un ahorro en el sistema. Además se registraron reiteradas denuncias por faltante de medicamentos para el tratamiento de tuberculosis y VIH, lo cual justifican desde el gobierno en que tendrían dificultades para gestionar el Estado.

En la Argentina, desde Ramón Carrillo en adelante tenemos cobertura universal en salud, esto quiere decir que todos los ciudadanos tienen acceso al sistema de salud, ya sea a través del hospital público o el primer nivel de atención público, a través de las obras sociales sindicales y provinciales o, en último término, a través del sistema de prepago. Es decir, toda la población cuenta con la universalidad, lo cual no quiere decir que haya equidad en el sistema, pero esto que se viene va a marcar una inequidad manifiesta en la poblacion, principalmente en la más vulnerable y con pocos recursos.

Es muy evidente que este nuevo Sistema esconde un traspaso de la responsabilidad de la Nación en la administración de salud de todos los argentinos. Nos dicen que van a largar una Cobertura Universal de Salud pero no nos dicen cómo se va a financiar, cómo el Estado la va a pagar. El trasfondo de esto es que se le delega todo el tema de salud a las provincias, mientras la Nación se va retirando de su rol de garantía del Derecho a la Salud.

Lamentablemente la inequidad existe según el lugar en el que uno nace. Por ejemplo, aquel que lo hace en un hospital público va a tener mayor o menores posibilidades de acceso, pero hay que partir de la base de que todo el mundo tiene acceso a la salud. No se dimensiona el Sistema de Salud Argentino: cuando se habla de la accidentología del país, prácticamente el 100% de esa accidentología es atendida por el hospital público. Por lo tanto lo que va a generar este cambio es una inequidad generalizada y, entonces, va a empeorar la accesibilidad de aquellos a quienes hoy ya les costaba muchisimo llegar a tener un buen aceso a la salud.

En conclusión, el macrismo viene a romper con el Sistema de Salud público, gratuito y universal ideado por Ramón Carrillo y ejecutado por el peronismo a partir de 1946.

 

Por Martín Sancaro.

Gerente General de la Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia (FATFA) y su obra social OSPF, que conduce Roque Garzón.